El aniversario número doce de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa vuelve a colocar el caso en el centro de la agenda nacional. El gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) entregó su primer informe público del actual sexenio, en el que se describen nuevos hallazgos materiales y tecnológicos que podrían arrojar luz sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de.
Los investigadores señalaron que, en el interior de la funeraria El Ángel se hallaron restos óseos no identificados, además de documentos oficiales y la sorprendente presencia de un horno crematorio clandestino. Dichas evidencias, según el informe, estaban bajo el control del criminal organizado conocido como Guerreros Unidos. En paralelo, el Servicio Médico Forense (Semefo) y un predio adyacente a la funeraria fueron inspeccionados, revelando más indicios vinculados al mismo grupo delictivo.
Nuevos indicios descubiertos en Iguala
Restos óseos y horno clandestino
El equipo forense describió el hallazgo de más de 800 folios de documentos y varios fragmentos óseos cuya prueba genética no coincidió con ninguno de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, la presencia de un horno improvisado, equipado con un tanques de combustible y una chimenea de extracción, sugiere la posibilidad de una práctica de incineración vinculada a la desaparición. El informe subraya que estos elementos fueron hallados en espacios de la funeraria que, según testigos, pertenecían a los mismos contactos de Guerreros Unidos.
Documentos oficiales y predio bajo control criminal
Entre los papeles recuperados se encontraron ordenes de captura, actas de allanamiento y correspondencia interna del grupo armado. Un análisis preliminar indica que dichos documentos podrían revelar la cadena de mando y los enlaces entre autoridades locales y los capos de la organización. El predio inspeccionado, situado a pocos metros de la funeraria, estaba originalmente registrado como almacén, pero las inspecciones determinaron que estaba siendo utilizado como punto de convergencia para el traslado de cuerpos.
Rastreo de dispositivos móviles de los desaparecidos
El informe también incluye un estudio de la cobertura de llamadas de tres teléfonos que pertenecieron a estudiantes de la normal. El celular del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño mostró actividad semanas después del ataque; fue utilizado por el ex servidor público de Iguala, identificado como Mauro “N” entre el 23 y 25 de octubre de, casi un mes después de la masacre. De igual forma, el dispositivo de Jorge Aníbal Cruz Mendoza estuvo en manos de un oficial del cuerpo municipal el 30 de septiembre y, posteriormente, de su pareja sentimental.
Otro hallazgo relevante es el uso del teléfono del estudiante Julio César Mondragón asesinado y desollado, por parte del propietario de la funeraria, Rodolfo “N” semanas después del incidente. La pista telefónica indica que el dueño recibió llamadas de miembros del grupo criminal la noche del 26 de septiembre y, poco después, empleó el móvil del joven para comunicarse.
Implicación de militares y controversia sobre los documentos de la Sedena
El subsecretario de Derechos Humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina confirmó que 17 militares han sido puestos a disposición de la justicia y que, según la Fiscalía, su intervención fue “a título personal” y no como represalia institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En respuesta a la petición de los familiares, quien aseguraba la existencia de más de 800 folios en poder de la Sedena, la oficina militar emitió un documento que indica haber realizado una búsqueda exhaustiva sin hallar dichos papeles.
Medina evitó responder sobre la ausencia de citación del ex titular de la Defensa, Salvador Cienfuegos en el proceso judicial, lo que mantiene la incertidumbre en torno a la posible participación de altos mandos. La presidenta Claudia sheinbaum reiteró que la investigación sigue abierta, aunque descartó el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue disuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras se intensifica la presión de los familiares y de la sociedad civil, la Fiscalía y las autoridades militares deberán aclarar la procedencia de los documentos y la responsabilidad de los agentes involucrados, en un caso que sigue marcando la conciencia colectiva del país.
