Un tiroteo fatal interrumpió la celebración de cumpleaños de dos jóvenes preparatorianos, Gael y Christian, cuando abandonaban la fiesta en Cuernavaca. El ataque, ocurrido el sábado, dejó a ambos muertos y a un acompañante herido, reavivando una serie de incidentes violentos que han golpeado a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Una cronología de hechos violentos
Desde abril de 2025, la UAEM ha sido escenario de varios casos de desaparición y homicidio. En ese mes, Aylin Rodríguez Fernández estudiante de psicología de 20 años, desapareció y su cuerpo, con señales de violencia, fue hallado pocos días después en una residencia de Jiutepec. En febrero de este año, la desaparición de Kimberly Ramos Beltrán de 18 años, culminó con el hallazgo de su cadáver cerca del campus de Chamilpa donde cursaba contaduría, administración e informática.
Ese mismo febrero, otra estudiante de derecho, Karol Toledo Gómez de 18 años, fue asesinada en Coatetelco. En mayo, la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón preparatoria de 15 años, en Yautepec, concluyó con el hallazgo de su cuerpo en Tepoztlán. Más recientemente, el 12 de septiembre, la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera perdió la vida en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca, en un hecho catalogado como intento de robo.
El ataque a Gael y Christian
El sábado en Cuernavaca, cuando Gael y Christian se dirigían a la salida de una celebración, fueron sorprendidos por disparos que los dejaron sin vida. Testigos describen que, tras la balacera, un tercer joven resultó herido pero logró sobrevivir. Las autoridades locales aún no han divulgado motivaciones ni sospechosos, lo que incrementa la incertidumbre en torno a la ola de violencia que afecta a la comunidad universitaria.
Repercusiones en la UAEM y la opinión pública
La sucesión de incidentes ha generado un clima de temor entre los alumnos y el personal docente de la UAEM. La falta de hipótesis claras por parte de la procuración de justicia alimenta la sensación de impunidad y obliga a la institución a revisar sus protocolos de seguridad. Mientras tanto, familiares y compañeros exigen respuestas y una acción contundente que detenga esta escalada de crímenes contra jóvenes de entre 15 y 20 años.



