El 24 de septiembre de 2026 el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta manifestó su preocupación ante la iniciativa del Congreso de censurar al titular del Ministerio del Interior César Astudillo. En un discurso dirigido a las bancadas parlamentarias, pidió que se evalúe la continuidad de los ministros antes de cualquier decisión que pueda afectar la gestión de la seguridad ciudadana.

Galarreta alerta sobre el uso del poder constitucional

Galarreta recordó que Astudillo había sido interpelado apenas una semana antes y que, durante ese lapso, el ministro había presentado avances significativos en la lucha contra la criminalidad, incluyendo 135 operaciones realizadas por el interior. El mandatario advirtió que censurar a un ministro “después de siete días” podría convertirse en una práctica inestable: «¿Para quién jugamos?». Además, comparó la situación peruana con la de El Salvador donde el presidente Nayib Bukele tardó seis meses en observar una reducción del homicidio del 8 % tras la implementación de su política de seguridad.

Solicitud de facultades legislativas y su estancamiento

Paralelamente, el Ejecutivo había presentado el 28 de agosto una petición para que el Congreso delegara facultades legislativas durante 120 días calendario abarcando 66 materias en las que el 60 % se relaciona con seguridad ciudadana y el fenómeno del El Niño. La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño disponía de un plazo de 15 días que venció sin emitir dictamen. Ocho de las doce comisiones que revisaron la propuesta (Economía, Defensa del Consumidor, Energía y Minas, Trabajo y Producción, entre otras) votaron en contra, aunque sus informes no son vinculantes para la comisión principal.

Argumentos del Gobierno

Galarreta señaló que la delegación de facultades es una práctica establecida cada cinco años y que, en este quinquenio, el país enfrenta dos retos simultáneos: el fenómeno climático del El Niño y el aumento de la criminalidad. «Con o sin facultades, vamos a cumplir con la promesa de campaña en infraestructura y seguridad», afirmó, subrayando que los resultados no se logran de la noche a la mañana.

Moción de censura impulsada por Juntos por el Perú

Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú representada por la diputada Svieta Fernández presentó una moción de censura contra Astudillo. La iniciativa se sustenta en el incrementado número de homicidios —1 499 hasta agosto, lo que equivale a seis muertes diarias— y en el asesinato la semana pasada de la periodista y candidata regional Susy Ysabel Aponte Polo conocida como “China” Polo, víctima de un atentado durante su campaña en Áncash el 19 de septiembre.

Fernández cuestionó la capacidad del ministro para afrontar la violencia letal y denunció que la respuesta estatal fue insuficiente pese a las advertencias previas de la comunicadora. En sus redes sociales, la diputada comparó la gestión actual con la promesa de orden de Keiko Fujimori preguntando: «¿Ese es el gobierno del orden o del caos?».

Galarreta, al responder a la crítica, sostuvo que los grupos delictivo buscan deslegitimar la acción estatal y que las censuras no resolverán los problemas estructurales que enfrenta el país, entre los que destacan salud, educación e infraestructura. Reconoció que el asesinato de «China» Polo evidenció fallas en la protección, pero enfatizó que la seguridad sigue siendo la prioridad de la agenda gubernamental.

Mientras tanto, la oposición insiste en que la falta de resultados y la creciente violencia justifican una censura, lo que mantiene al Congreso en una encrucijada que definirá el rumbo de la seguridad peruana en los próximos meses.