Entre enero de 2025 y agosto de 2026, la administración de Donald Trump activó una estrategia que consistió en trasladar a cientos de miles de solicitantes de asilo a lo que denominó “terceros países”. En el marco de esa política, se registró un total de 25.427 personas enviadas fuera de los Estados Unidos. La medida, anunciada como una solución a la presión migratoria, tuvo repercusiones inesperadas en la región sur de México.
De los individuos trasladados, casi 20.000 arribaron a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco ambos ubicados en la zona limítrofe con Guatemala. La llegada masiva provocó una sobrecarga de los sistemas de acogida locales, generando un escenario de vulnerabilidad y estancamiento legal para quienes buscaban refugio o una salida segura. La falta de procedimientos claros dejó a miles de personas en un limbo migratorio que aún persiste.
Cifras y alcance de la remoción a terceros países
Los datos oficiales indican que, durante el periodo señalado, la administración de Donald Trump envió 25.427 personas a destinos considerados seguros, aunque la definición de “seguro” varió según el caso. De ese total, aproximadamente 19.800 personas fueron redistribuidas a Chiapas y Tabasco mientras que el resto se dirigió a distintas naciones de América Central y el Caribe. La concentración de la población migrante en la frontera con Guatemala reavivó tensiones locales y puso bajo presión los recursos humanitarios de los municipios receptoras.
Consecuencias en la zona fronteriza de Chiapas y Tabasco
El flujo repentino de migrantes provocó que gobiernos estatales y organizaciones civiles se vieran sobrecargados. En los centros de acogida se reportaron largas esperas para tramitar documentos, escasez de albergues y dificultades para acceder a servicios médicos básicos. Además, la incertidumbre sobre el estatus legal incrementó la vulnerabilidad frente a organizaciones delictivas que operan en la zona.
Testimonios recogidos en Villahermosa y Palenque
El colectivo periodístico Forbidden Stories se desplazó a Villahermosa y Palenque para entrevistar a personas afectadas. Los relatos recopilados evidencian la angustia de quienes, después de ser enviados a un tercer país, se encontraron sin opciones claras y obligados a permanecer en comunidades marginadas durante meses. Uno de los entrevistados describió su situación como “un vacío legal que nos deja sin derechos ni protección”. Estas voces resaltan la necesidad de una revisión urgente de la política aplicada.
La acumulación de casi 20.000 personas en Chiapas y Tabasco ha generado un escenario de vulnerabilidad que continúa demandando atención humanitaria y respuestas gubernamentales coordinadas.
