El Escudo de las Américas iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para enfrentar el crimen organizado, pasó de ser una propuesta a una realidad para Chile el martes de la gira de José Antonio Kast en Nueva York. La incorporación se oficializó el 23 de septiembre de 2026 después de una intensa discusión interna que incluyó a un grupo de excancilleres reunidos en el Edificio Carrera de Teatinos.

Decisión oficial y argumentos del gobierno

El ministro de relaciones exteriores, Francisco Pérez Mackenna reiteró que el Escudo de las Américas no está vinculado al despliegue de fuerzas armadas. «El Escudo de las Américas, como bien lo dijo el Presidente ayer, no tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares», sostuvo el canciller al ser consultado. Subrayó que la participación chilena se enmarca dentro del Compromiso de Santiago una coordinación con catorce países para combatir la delincuencia transnacional, y que cada Estado conserva total soberanía para decidir cómo aplicar los mecanismos acordados.

Respecto a la mención del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la declaración conjunta de los 14 países, Pérez Mackenna aclaró: «No, no, lo repito, estos son los artículos 6 y 13, no tienen nada que ver con eso. La bajada de cualquier medida depende de la legislación y la voluntad de cada nación». Añadió que la cooperación se centrará en rastreo de dinero, intercambio de información e inteligencia policial, siempre respetando la Constitución y la normativa nacional.

Reacciones y puntos de tensión

Los críticos, entre ellos los exministros Mariano Fernández y Heraldo Muñoz advirtieron que la referencia al TIAR podría abrir la puerta a una cooperación militar inesperada. Fernández recordó que en la reunión de los excancilleres, la mayoría expresó oposición y acusó a EE.UU. de ejercer presión: «Estados Unidos estaba presionando para que Chile suscribiera el tratado». Muñoz, por su parte, insistió en que cualquier acuerdo que genere obligaciones debe ser debatido en Congreso, citando la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

El documento difundido por el Departamento de Estado estadounidense amplió la descripción del programa, señalando tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral, e incluyó la intención de solicitar al Consejo Permanente de la OEA una reunión de consulta bajo los artículos 6 y 13 del TIAR. El gobierno chileno explicó que esa solicitud no constituye una activación inmediata del tratado, sino una propuesta que requeriría una futura convocatoria y que, de concretarse, estaría supeditada a la Carta de Naciones Unidas y a la legislación interna.

En medio de estas discusiones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una interpelación contra el canciller el 8 de septiembre, fijando la audiencia para el 28 de septiembre. El objetivo, según el artículo 52 de la Constitución, es que Pérez Mackenna y el presidente Kast respondan directamente a preguntas sobre la gestión de la política exterior y la posible vulneración de la autonomía nacional.

Mientras tanto, el presidente Kast, durante su intervención en la reunión del Shield of the Americas enfatizó que Chile no está comprometiéndose a operaciones militares contra el crimen organizado y que la soberanía nacional permanece intacta. La postura oficial busca equilibrar la necesidad de cooperar contra redes delincuenciales con la preservación de la independencia estratégica chilena.