La cámara de diputados aprobó, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, un amplio dictamen que altera los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La reforma impone que quienes quieran postularse a la Presidencia de la República, a una gubernatura o al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deben renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura. El objetivo, según sus promotores, es proteger la soberanía nacional y evitar posibles influencias externas.
Alcance y vigencia de la modificación constitucional
El texto aprobado establece que la obligación de abandonar la doble nacionalidad solo será exigible a los aspirantes a los cargos ejecutivos mencionados; los funcionarios que ya ocupen esos puestos continuarán en sus funciones sin necesidad de renunciar. Además, el dictamen prevé una aplicación gradual: los nuevos requisitos entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2028, garantizando un período de adaptación para los potenciales candidatos.
Entre las disposiciones más relevantes, la reforma prohíbe a los futuros titulares de los cargos ejecutivos utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros así como ejercer derechos políticos vinculados a otra ciudadanía o solicitar protección diplomática de un gobierno distinto al mexicano. Los defensores del cambio, encarnados por partidos como Morena, PT y PVEM, argumentan que la exclusividad de la lealtad es esencial para quienes representan al país en el más alto nivel.
Figuras políticas cuyo caso de doble nacionalidad vuelve a la palestra
Durante el debate, varios nombres surgieron como ejemplos de políticos que poseen, o han poseído, una segunda ciudadanía, principalmente estadounidense. Javier Corral senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, nació en El Paso, Texas, y por tanto cuenta con nacionalidad estadounidense por nacimiento. Su situación fue revisada en 2024 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concluyó que su doble nacionalidad no lo hacía inelegible porque no fue adquirida mediante naturalización.
Otro caso citado fue el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca exgobernador de Tamaulipas, nacido en McAllen, Texas, con pasaporte mexicano y estadounidense. Asimismo, Jaime Bonilla Valdez quien dirigió el gobierno de Baja California entre 2019 y 2021, nació en Tijuana y obtuvo la ciudadanía estadounidense después de residir en California. Por último, se mencionó a Ernesto Ruffo Appel también exgobernador de Baja California, como otro ejemplo de alto nivel con doble nacionalidad.
El debate no se limitó a gobernadores; también se señalaron a funcionarios como Paco Ignacio Taibo que posee nacionalidad española y estuvo al frente del Fondo de Cultura Económica, y a Héctor Díaz Polanco de origen dominicano. Estos casos ampliaron la discusión hacia la participación de ciudadanos con múltiples pasaportes en la vida pública mexicana.
Los partidos de oposición, encabezados por PAN, PRI y MC, criticaron la reforma sosteniendo que la verdadera amenaza a la soberanía son los grupos del crimen organizado, y que la medida vulnera los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero. Aun así, los legisladores del oficialismo recalcaron que la normativa no afecta a los ciudadanos con doble nacionalidad que no aspiren a cargos ejecutivos y que la reforma no modifica el artículo 32, que protege el derecho al sufragio de los migrantes.
