En una reunión reciente, el Programa Venezolano de educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvo un encuentro con la Defensoría del Pueblo representada por Eglée González Lobato, y con miembros de su equipo. Durante el diálogo, Óscar Murillo, coordinador general de la ONG, y Marino Alvarado, encargado de la Exigibilidad Legal, entregaron un documento con una serie de peticiones diseñadas para impulsar la reconstrucción institucional del país.
El texto presentado está estructurado en siete ejes prioritarios que abarcan desde la reforma del Poder Judicial hasta la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pasando por la garantía de servicios públicos esenciales y la exigencia de una gestión transparente y libre de impunidad. Cada punto se formula con un lenguaje que obliga a la Defensoría a alinearse estrictamente con la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los Principios de París.
Reforma judicial y combate a la impunidad
Provea solicita una reforma profunda del sistema de justicia que vaya más allá de la simple designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Entre las demandas destacan el cese de la persecución política, la liberación inmediata de los presos por motivos políticos y la derogación de normativas que criminalizan la protesta, como la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley contra el Odio y la Ley Libertador Simón Bolívar. Asimismo, la organización denuncia que, pese a los anuncios oficiales, la mayoría de las plataformas digitales siguen bloqueadas, vulnerando el derecho a la información.
Servicios públicos, vivienda y derechos económicos
Frente a la crisis prolongada de agua, electricidad y transporte, especialmente en el interior del país, Provea exige acciones urgentes de contraloría presupuestaria y una respuesta judicial que garantice la prestación de estos servicios. Después de los terremotos del 24 de junio, la ONG pide rendición de cuentas sobre la gestión de los recursos y la culminación de las viviendas pendientes para las familias afectadas, señalando que el derecho a un nivel de vida adecuado no puede quedar en suspenso.
Derechos ambientales, pueblos indígenas y compromisos internacionales
En el ámbito ambiental, Provea reclama la reanudación de los procesos de demarcación de tierras indígenas, la adopción de medidas enérgicas contra la minería ilegal y el desmantelamiento de gobernanzas criminales en territorios protegidos. La organización también insta al Ejecutivo a suscribir el Acuerdo de Escazú y a restituir el Plan de Salud Yanomami. Además, pide que la Defensoría solicite información al Ministerio Público sobre los asesinatos de los líderes indígenas Virgilio Trujillo y Julio Rodríguez, subrayando la necesidad de proteger a las comunidades originarias.
Finalmente, Provea llama a la Defensoría a colaborar estrechamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a publicar sus informes anuales y a establecer un canal permanente para la recepción de denuncias graves. Según la ONG, estos pasos representan los mínimos requerimientos para una reconstrucción institucional basada en la dignidad humana y la justicia.
