Durante los últimos veinte años la política pública de salud en México ha mostrado una brecha frecuente entre la normativa escrita y la capacidad operativa de los proveedores. La falta de consultas previas entre el legislador y la industria de insumos ha generado, en repetidas ocasiones, marcos regulatorios que resultan poco alineados con la realidad de producción y distribución, situación que termina afectando directamente al usuario final del sistema de salud.
En este contexto, la reciente reunión celebrada en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) marcó un punto de inflexión. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, representantes de CANIFARMA y los lazos unidos del sector industrial compartieron una mesa que, lejos de ser protocolar, simboliza la madurez institucional necesaria para abordar la salud como un motor de desarrollo geoeconómico.
Soberanía sanitaria y estímulos fiscales
El primer eje de la agenda se centró en la soberanía sanitaria. Los participantes coincidieron en que la dependencia de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) importados de Asia representa una vulnerabilidad estratégica. Para revertirla, se propuso trabajar junto a la Secretaría de Economía en la creación de incentivos fiscales que hagan viable la producción local bajo condiciones de competitividad internacional. La idea es que los números de inversión se ajusten a un entorno de mercado agresivo, garantizando que la industria no solo fabrique, sino que también sea rentable.
En la práctica, los incentivos contemplan desgravaciones tributarias por capital fijo, facilidades de crédito y un marco de subsidios dirigidos a la investigación de principios activos nacionales. La combinación de estos mecanismos económicos busca cerrar la brecha entre la capacidad productiva y la demanda del Sistema Nacional de Salud, reduciendo a la larga los costos de importación.
Logística y cadena de frío colaborativa
El segundo pilar abordó los cuellos de botella de la logística y distribución de insumos médicos. La industria manifestó su disposición a aportar su red de cadena de frío y su know-how logístico para complementar al modelo estatal gestionado a través de BIRMEX. Esta propuesta rompe con la antigua dicotomía «público vs. privado», al reconocer que el Estado mantiene la rectoría del abasto mientras se aprovecha la eficiencia del sector privado en la última milla.
Al integrar la infraestructura privada, se espera disminuir significativamente las pérdidas por caducidad y merma, lo que se traduce en un ahorro directo para las finanzas públicas y, sobre todo, en una mayor disponibilidad de medicamentos y dispositivos en los hospitales. La colaboración incluye acuerdos de shared services que permitirán un monitoreo en tiempo real de inventarios y condiciones de transporte.
Agilidad regulatoria y salud digital
El último bloque temático se enfocó en la agilidad regulatoria. Con la creciente adopción de la salud digital y la medicina de precisión, el Congreso debe adoptar normas a la velocidad de la innovación tecnológica. Los asistentes acordaron impulsar la digitalización del regulador, de modo que la evaluación de ensayos clínicos y la autorización de nuevos productos sean procesos más transparentes y expeditos.
Una regulación más rápida no solo favorece la investigación local, sino que también atrae inversión extranjera en áreas de alta tecnología. Entre las medidas propuestas destacan la creación de un expediente único electrónico, la simplificación de trámites para dispositivos médicos y la implementación de un comité de revisión ágil que incluya a expertos de la industria y a académicos.
