El procesado Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño de 31 años que reside en Maryland junto a su esposa e hijo nacidos en Estados Unidos, comparecerá este martes ante un tribunal federal. La audiencia tiene el objetivo de impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecute una nueva orden de deportación a un tercer país, tras haber sido devuelto a su país de origen por un supuesto error administrativo.
Antecedentes y error administrativo
En marzo de 2025 Ábrego García fue arrestado en Baltimore mientras recogía a su hijo de cinco años, diagnosticado con autismo y otras discapacidades, en la casa de su abuela. La detención desencadenó su envío a la megaprisión conocida como CECOT, en El Salvador, a pesar de que un fallo judicial de 2019 prohibía su retorno por los riesgos que representaba la pandilla MS-13 para su familia. Documentos internos de ICE admitieron que la deportación a El Salvador fue un «error administrativo».
Audiencia federal de octubre de 2026 y decisiones previas
Tras la presión pública, la administración del entonces presidente Donald Trump ordenó su regreso a EE.UU. en junio de 2025 bajo la condición de responder a una acusación de tráfico de personas en Tennessee. El juzgado federal desestimó esa acusación en mayo de 2026 al determinar que la persecución penal tenía un «motivo vengativo» y buscaba castigar a Ábrego García por impugnar su primera deportación. La jueza Paula Xinis mantuvo vigente su orden preliminar que impide que ICE lo retenga o lo deporte sin una solución definitiva.
Intento de traslado a Liberia y argumentos del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional ha propuesto trasladar al migrante a países africanos como EswatiniUganda y, sobre todo, Libia. En un memorando de marzo de 2026 el exdirector interino del ICE, Todd Lyons, argumentó que enviar a Ábrego García a Costa Rica –país que previamente aceptó recibirlo y que ha negociado para acoger a personas cuya devolución a su nación es imposible– sería «perjudicial para Estados Unidos», pues el gobierno habría gastado recursos y capital político en los acuerdos con Liberia.
Respuesta de la defensa y de organizaciones de derechos
El equipo legal de Ábrego García solicita que la orden de la jueza Xinis se convierta en permanente, mientras la defensa insiste en que el destino legítimo es Costa Rica donde las autoridades se comprometieron a otorgarle estatus de refugiado. Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicaciones de la organización We Are CASA, denunció que «lo que resulta inconstitucional es la insistencia del Gobierno en trasladarlo punitivamente a un país africano, sin ninguna conexión con él, como represalia por ejercer sus derechos constitucionales». Sapunar también recordó que Kilmar se ha convertido en «un símbolo internacional del debido proceso».
En conjunto, la audiencia de este martes podría sentar un precedente respecto a la práctica de enviar a inmigrantes a terceros países cuando no existe una vía de repatriación segura a su nación de origen. La familia Ábrego ha solicitado privacidad, ya sea en su hogar de Maryland o en Costa Rica, mientras el litigio continúa.
