El pasado 2 de octubre de 2026 el pleno del Congreso de los Diputados volvió a ser el escenario de una intensa batalla política. Tras la aprobación, en horas previas, de dos decretos de vivienda impulsados por la coalición liderada por Pedro Sánchez, la mayoría de la cámara decidió no darles el aval necesario. El resultado fue un revés que sorprendió a los gobiernos de izquierda y avivó la presión social que ya había estallado en las calles de Madrid.

Los dos textos legislativos presentaban medidas como la limitación del incremento de los alquileres, la prohibición de desahucios hasta 2030 y la restricción a la compra especulativa por parte de los llamados fondos buitre. Uno de los decretos obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra mientras que el otro cayó con 166 votos a favor y 184 en contra. La escasa diferencia evidenció la fragilidad de la mayoría del gobierno y la determinación de la derecha para bloquear la agenda habitacional.

El voto y la posición de los partidos

El bloque del PSOE y su aliado Sumar defendieron los textos como una respuesta mínima pero necesaria frente a una crisis que se agrava año tras año. En cambio, el Partido Popular y la formación de extrema derecha Vox denunciaron que las iniciativas pretenden «cargar el mercado de la vivienda» y que el problema esencial radica en la escasez de nueva construcción. El partido independentista catalán Junts per Catalunya que había anunciado su rechazo la noche anterior, también votó en contra, argumentando que los decretos no solucionarían la crisis y que podrían generar efectos “negativos e irreversibles”.

Juan Bravo, portavoz del PP, acusó al Ejecutivo de intentar arreglar en cuatro días lo que lleva ocho años destruyendo el sector inmobiliario. Por su parte, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, calificó la propuesta como un “chantaje ideológico de los extremos”. La alineación de la derecha, más allá de sus diferencias internas, tuvo como fin bloquear cualquier paso que favoreciera a los inquilinos.

El detonante social: el caso de Maricarmen Abascal

La chispa que encendió la movilización fue el desahucio de Maricarmen Abascal una madrileña de 87 años que había vivido en el mismo apartamento durante siete décadas. El inmueble fue adquirido por un fondo de inversión que pretendía elevar el alquiler en un 275 %. Tras la expulsión, la anciana fue ingresada en un hospital y, tras una breve recuperación, se le permitió regresar a su domicilio. El caso se convirtió en símbolo de la mercantilización de la vivienda y motivó la ocupación de la Puerta del Sol el 26 de septiembre, donde cientos de manifestantes plantaron una acampada que permaneció durante casi una semana.

El Sindicato de Inquilinas organizó la concentración y pidió al Congreso la aprobación de los decretos, argumentando que, aunque son “medidas de mínimos”, representan un avance en la defensa del derecho a la vivienda frente a la especulación. Alicia del Río, portavoz del sindicato, describió al parlamento como “puramente rentista, que defiende la especulación por encima de la vida”.

Repercusiones y panorama futuro

El rechazo de los textos ha generado diversas interpretaciones sobre el futuro político. Algunos analistas señalan que el fracaso podría empujar al presidente Sánchez a considerar la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Sin embargo, la propia administración ha afirmado que “hoy no toca” convocar un comicios y que su prioridad es seguir el debate en la cámara.

Mientras tanto, el Banco de España advirtió que los decretos podrían haber tenido efectos negativos en un mercado ya tensionado, y la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) denunció la vulneración de la seguridad jurídica y del derecho de propiedad. El cruce de opiniones subraya la complejidad del problema habitacional, que combina una escasez estimada de 750.000 viviendas en zonas urbanas, precios de compraventa que subieron más del 12 % en el segundo trimestre de 2026 y alquileres en alza del 4,2 % en el mismo periodo.

El país sigue esperando una solución que logre equilibrar la necesidad de proteger a los inquilinos sin sacrificar la confianza de los propietarios y la estabilidad del mercado.