El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la cancelación de más de 250.000 visados desde que Donald Trump asumió la presidencia. La medida forma parte de una campaña para estrechar los controles migratorios y erradicar la irregularidad en la entrada al país. Según declaraciones del vocero Tommy Pigott cada revocación responde a infracciones que van desde el incumplimiento de condiciones hasta la comisión de delitos graves.
Revocaciones masivas y casos destacados
Entre los visados anulados, la cadena Fox News ha señalado 2.300 vinculados al llamado turismo de nacimientos práctica en la que mujeres embarazadas viajan a EE. UU. para que sus hijos adquieran la ciudadanía al nacer. La administración también está preparando la cancelación de hasta 200.000 permisos de negocios y turismo otorgados entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo, bajo la premisa de que el sistema está sobrecargado por solicitudes fraudulentas.
Sanciones a funcionarios latinoamericanos
El mismo día, 28 de septiembre de 2026, se ordenó la revocación de visas a 27 funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junto a sus familiares directos. Entre los nombres aparecen el fiscal general boliviano Roger Mariaca el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y la jueza anticorrupción Albania Chane Caballero. La medida se justifica bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe el ingreso a personas cuya presencia pueda perjudicar la política exterior estadounidense.
Impacto sobre figuras vinculadas a gobiernos de la región
En Colombia, la decisión alcanzó a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres ambos vinculados al movimiento Pacto Histórico. En Perú, el juez constitucional Juan Carlos Núñez fue incluido en la lista. Bolivia registró la mayor cantidad de sancionados, con trece cargos o excargos y un empresario señalados por actividades corruptas. La administración de Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, ha reiterado que “los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos”.
Declaraciones oficiales y marco legal
El portavoz del Departamento de Estado reiteró que un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho, y si se violan los términos de ese privilegio, se pierde. Cada una de las decisiones se describió como “una decisión de seguridad nacional”. Además, la administración ha señalado que seguirá analizando casos adicionales y que la política de revocación continuará vigente mientras persista la intención de proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense.
