En un giro significativo, el primer juzgado de distrito en materia penal en la Ciudad de México ha ordenado el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a Brenda Quevedo Cruz. Tras más de un año de arraigo domiciliario y el uso de un brazalete electrónico Brenda ahora solo deberá presentarse a firmar ante el juzgado una vez al mes, aunque se le mantiene la prohibición de salir del país.

Este caso, que se remonta a julio de 2005, ha sido un ejemplo de injusticia y persecución judicial. Brenda Quevedo, junto con Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo, fueron acusados por Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto Wallace, por el presunto secuestro y homicidio de su hijo. Sin embargo, las acusaciones se basaron en declaraciones obtenidas bajo tortura y evidencias fabricadas.

El contexto del caso Wallace

Isabel Miranda de Wallace, una empresaria con amplios contactos en círculos de poder económico y político, utilizó su influencia para desacreditar causas sociales y dirigir operativos policiales sin tener cargo alguno. Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, ejerció un control ilegal sobre el Ministerio Público y las corporaciones policiacas.

El caso Wallace ha estado lleno de contradicciones desde el principio. Nunca se probó que existiera un delito que investigar, y las acusaciones se basaron en declaraciones obtenidas bajo tortura. A pesar de esto, Isabel Miranda logró encarcelar a quienes ella decidió responsabilizar por el crimen contra su hijo.

La lucha por la justicia

En enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí por las violaciones graves al debido proceso y la obtención bajo tortura de las confesiones utilizadas en su contra. Sin embargo, a pesar de esta decisión, Brenda Quevedo y los demás coacusados continúan en prisión.

Brenda Quevedo ha explicado que el caso continúa estancado porque destapar toda la cadena de complicidades y corrupción que facilitó la fabricación del caso implicaría la caída de numerosas cabezas de funcionarios que todavía están operando en el sistema judicial. «¿Cuántos servidores públicos estaban al tanto, los que daban órdenes de hacer cosas, los que fueron omisos, los que mintieron, los policías que realizaron las torturas? Casi todos están activos», afirmó.

El papel de la Suprema Corte y la corrupción en el sistema judicial

Hasta octubre de 2026, Isabel Miranda tuvo una cómplice en la cúspide del Poder Judicial: la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien nombró secretario de estudio y cuenta a un cuñado de Miranda. Desde que encabezó la Judicatura en enero de 2026, emprendió una cacería de brujas contra todo integrante que haya intentado hacer justicia para las víctimas de la empresaria.

El cambio de las medidas cautelares para Brenda Quevedo es tardío e insuficiente. Tanto ella como Tagle, Freyre y los hermanos Castillo deben quedar absueltos por falta de pruebas y violaciones al debido proceso, así como ser reconocidos como víctimas de una conjura política que destruyó sus vidas.

Este caso es un ejemplo de cómo el sistema judicial mexicano ha fallado a sus ciudadanos, permitiendo que la corrupción y la influencia política prevalezcan sobre la justicia. La lucha de Brenda Quevedo y los demás acusados continúa, en busca de la absolución y el reconocimiento de su inocencia.