El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la inmersión del buque pesquero “Por siempre don Carlos” y la desaparición de sus 25 tripulantes a 140 millas náuticas de la costa de Manta, Ecuador. La acción se dio en el marco de una operación que, según las autoridades estadounidenses, buscaba neutralizar supuestos apoyos logísticos al narcotráfico en aguas del Pacífico.

Este incidente eleva a diez el número de embarcaciones que, según informes, han sido destruidas por fuerzas estadounidenses desde que el presidente Daniel Noboa autorizó su presencia en el territorio, bajo la excusa de combatir el tráfico de estupefacientes. En episodios anteriores, las tripulaciones fueron secuestradas, sometidas a tortura a bordo de buques de la marina de EE.UU. y luego devueltas a las autoridades ecuatorianas, que rara vez contaban con pruebas para procesarlas.

Operación naval y desaparición de los 25 tripulantes

El buque “Por siempre don Carlos” había zarpado con una captura activa de más de una semana cuando la patrulla estadounidense lo interceptó. Testigos a bordo relataron que, después de una breve inspección, los marinos de EE.UU. prendieron fuego a la estructura y abandonaron la zona, dejando sin rastro a los pescadores. La falta de documentación oficial que justifique la acción ha generado sospechas de que la táctica ha pasado de la captura y tortura a la eliminación directa de los navegantes, práctica ya observada en otras regiones del Caribe y el Pacífico.

Los familiares de los tripulantes siguen sin recibir información concreta sobre el paradero de sus seres queridos. La ausencia de denuncias públicas por parte del gobierno ecuatoriano alimenta la percepción de que el resto del estado de derecho está siendo socavado bajo la sombra de la cooperación militar con Estados Unidos.

Reacciones políticas y erosión del estado de derecho

Desde la asunción de Daniel Noboa en 2024, el país ha vivido una serie de estados de excepción y toques de queda que restringen la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Estas medidas, justificadas como respuesta al crimen organizado, coincidieron con un aumento del 47 % en los homicidios entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025. El año 2025 cerró con un récord de 9 300 muertes violentas, equivalentes a 52 víctimas por cada 100 000 habitantes, consolidándolo como el año más violento de la historia reciente de Ecuador.

Ante este panorama, críticos señalan que el gobierno ha utilizado la amenaza del narcotráfico como pretexto para vulnerar derechos constitucionales y abrir paso a una presencia militar extranjera que, a su vez, ha intensificado la violencia y la impunidad. La impunidad se acentúa con la reciente decisión de Nobel, tomada en agosto pasado, de otorgar inmunidad total a los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU., a los civiles del Departamento de Guerra y a las empresas contratadas por esta entidad.

Controversias constitucionales y acusaciones de narcotráfico

El hijo del empresario más rico del país, quien ha impulsado una consulta popular para reformar la Constitución y eliminar el artículo que declara a Ecuador como «territorio de paz» –prohibiendo bases militares extranjeras–, vuelve a ser protagonista. Tras el rechazo de su iniciativa, se han esbozado estrategias como la creación de «bases flotantes» y la entrega informal de instalaciones a Washington. El comandante de la Fuerza Aérea ecuatoriana, Mauricio Salazar Machuca fue removido de su cargo al señalar que la base aérea de Taura ya operaba bajo control estadounidense y solicitar marcos legales que reconciliaran esta situación con la Constitución.

Además, investigaciones señalaron que, entre 2020 y 2025, al menos ocho cargamentos de cocaína fueron ocultados en cajas de banano vinculadas a la familia Noboa y exportados a Europa bajo la marca Noboa Trading. Un periodista que destapó esta red tuvo que exiliarse tras recibir amenazas de muerte. Estas revelaciones refuerzan la teoría de que la intervención estadounidense persigue más la consolidación de regímenes afines que la erradicación real del narcotráfico.