En el verano de 2023, tres ciudadanos estadounidenses fueron capturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela durante un viaje de ocio. Sus nombres – Edgar José Marval, Jerrel Kenemore y Jason Saad – se convirtieron en el centro de una larga disputa legal que combina acusaciones de secuestro arbitrario tortura y usos políticos de rehenes.
Detención y liberación de los tres estadounidenses
El 19 de agosto de 2023, Edgar Marval fue arrestado en el aeropuerto de Barcelona, Venezuela, cuando regresaba de visitar a su familia. A él se sumaron Kenemore y Saad, quienes fueron retenidos en periodos aún más extensos: 643 y 560 días respectivamente. La liberación de los tres coincidió con un intercambio el 20 de diciembre del mismo año, cuando el gobierno estadounidense liberó al empresario colombiano Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos estadounidenses, entre ellos los citados.
Testimonio de Edgar José Marval
Marval describió su cautiverio como «un infierno». En un relato presentado ante el Comité de la ONU contra la Tortura escribió: «Pasé 120 días detenido por ser ciudadano americano, 120 días sin ducharme, 120 días defecándome y orinándome encima, 120 días de hambre«. Según sus declaraciones, fue golpeado repetidamente, sufrió descargas eléctricas en los genitales y recibió amenazas sobre el destino de sus hijos.
Abusos denunciados por Kenemore y Saad
El informe judicial detalla que Kenemore vivió privación de alimentos, agua contaminada, aislamiento forzado y exposición a vapores de pintura y gasolina, llegando a intentar suicidarse dos veces. Saad, por su parte, fue esposado, atado de pies y manos, mantuvo la cabeza cubierta con una bolsa y tuvo que mantener una posición física que casi le disloca el hombro.
Demanda civil en Florida y sentencia contra Maduro
En agosto de 2025, los tres hombres presentaron una demanda civil en la Corte de Distrito de Florida contra Nicolás Maduro y varios funcionarios de su gobierno, alegando que fueron secuestrados para ser usados como fichas de intercambio. El caso avanzó y, en julio de 2026, el juez Darryn P. Gayles emitió una sentencia en rebeldía que condenó a Maduro y a los acusados a pagar más de US$312 millones a los demandantes y sus familias.
Esta sentencia solo afecta a los acusados que no comparecieron en el proceso; la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y la estatal PDVSA siguen vigentes en el litigio.
Petición de inmunidad y contexto político
En julio de 2026, el Departamento de Justicia recibió una solicitud del Departamento de Estado para otorgar inmunidad diplomática a Delcy Rodríguez, argumentando las «significativas implicaciones de política exterior» que tendría un proceso judicial contra la jefa de Estado. El asesor Reed Rubinstein envió una carta al Fiscal General indicando que la inmunidad debía ser presentada al tribunal a la mayor brevedad.
Esta medida paraliza temporalmente cualquier reclamación contra Rodríguez mientras ocupe el cargo, aunque podría reactivarse tras su salida. La petición se produce en un marco de estrecha colaboración entre la administración estadounidense anterior y el gobierno venezolano, que incluyó el reconocimiento de Rodríguez como presidenta interina y el control de ventas de petróleo venezolano.
El caso sigue abierto y se espera que futuras decisiones definan el alcance de la responsabilidad de los altos funcionarios venezolanos en estos abusos, mientras los sobrevivientes continúan colaborando con investigaciones internacionales sobre lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.
