El jueves 17 de septiembre se llevó a cabo un operativo coordinado entre la Fiscalía Federal y la Fiscalía del Estado de Guanajuato que culminó con la captura de 59 millones de litros de huachicol en un inmueble de San José Iturbide. La actuación, respaldada por una orden de cateo emitida por un juez federal, también resultó en la confiscación de diez tanques de almacenamiento y tres unidades de carga, además de diversos contenedores y documentación vinculada al presunto negocio ilícito.
Detalles de la incautación
Según informó Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz del estado, la magnitud del hallazgo obligó a que los procedimientos de medición, identificación y manejo del producto se realicen bajo la supervisión de personal especializado. Los indicadores y la evidencia recabada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal quien determinará de forma definitiva la cantidad exacta, la procedencia y la legalidad del combustible hallado.
El operativo también implicó la retirada de varios contenedores y la recaudación de documentación que será incorporada a las investigaciones en curso. Esta acción, que se enmarca dentro de una lucha más amplia contra el huachicoleo busca evitar riesgos de incendios, explosiones y derrames que podrían afectar a la población y al medio ambiente.
El impacto del hallazgo
Para contextualizar la envergadura del desmantelamiento, el volumen incautado equivale a cinco veces la cantidad descrita en marzo de 2025, cuando se confiscaron 10 millones de litros de diésel en un buque de Tamaulipas. Si se tradujera a la unidad de medida utilizada por Pemex, los 59 millones de litros de combustible ilegal serían suficientes para llenar 371 mil barriles destinados a la exportación de petróleo, lo que subraya la relevancia económica del operativo.
Además de la pérdida directa para las organizaciones criminales que se apropian de este recurso, la captura de tanques y unidades de carga interrumpe posibles canales de financiamiento que alimentan otras actividades delictivas. González resaltó que la investigación continuará para esclarecer cualquier vínculo con estructuras criminales y que la mera incautación no constituye una declaración de culpabilidad contra personas específicas.
El Secretario de Seguridad y Paz manifestó que la colaboración entre autoridades federales y estatales se mantendrá activa para seguir combatiendo los delitos relacionados con hidrocarburos. Asimismo, invitó a la población a reportar, de forma anónima, cualquier actividad sospechosa de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización de combustible al número 089, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y proteger a las comunidades.
Una vez que el Ministerio Público Federal concluya su análisis, los resultados se harán públicos y podrían derivar en acciones judiciales contra los responsables. Mientras tanto, la operación en San José Iturbide permanece como un referente del esfuerzo conjunto contra el huachicol, demostrando que la unidad de los distintos niveles de gobierno puede generar impactos significativos en la lucha contra este delito.
