El pasado 11 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.4, el más fuerte en una década. Con un saldo de al menos 132 muertos, 570 heridos y 86 edificios colapsados, el país enfrenta una de las peores catástrofes naturales en su historia reciente. El epicentro del sismo se ubicó en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, pero los daños se extendieron a las regiones oriental y suroriental.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con el pueblo colombiano, ofreciendo todo el apoyo necesario. La Secretaría de Relaciones Exteriores ratificó esta postura, reafirmando la política mexicana de solidaridad sin distinción ideológica. Mientras tanto, el nuevo gobierno colombiano, liderado por Abelardo de la Espriella, enfrenta críticas por sus políticas económicas en medio de la crisis.
Daños y víctimas en las principales ciudades
La ciudad de Cali, una de las más afectadas, fue militarizada y se decretó un toque de queda entre las 20:00 y las 06:00 para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate. El alcalde Alejandro Eder explicó que esta medida busca prevenir saqueos y concentrar los esfuerzos en la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.
El presidente De la Espriella informó que en Cali hay 35 fallecidos, 188 desaparecidos y 700 heridos. Además, 5.000 viviendas resultaron averiadas o colapsadas. La infraestructura hospitalaria también sufrió graves daños, con tres hospitales colapsados y 18 con daños parciales. El aeropuerto de Cali, aunque operativo, tiene restricciones debido a los daños.
Respuesta internacional y desafíos económicos
Varios países han ofrecido ayuda a Colombia. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, expresó sus condolencias y su disposición para brindar asistencia. Estados Unidos destinó 15,5 millones de dólares para refugio de emergencia, alimentos y evaluación de daños. Ecuador reportó daños leves en seis viviendas en las provincias fronterizas de Carchi y Esmeraldas.
Sin embargo, el gobierno colombiano enfrenta desafíos económicos significativos. El presidente De la Espriella anunció la derogación del impuesto al patrimonio y un recorte presupuestal de 20 billones de pesos colombianos, lo que representa un 1% del PIB. Con solo un 4% del presupuesto nacional flexible, las opciones para atender la emergencia son limitadas.
Críticas y controversias
Las políticas del gobierno de De la Espriella han generado controversia. Mientras el mandatario se dirige a los colombianos afectados con mensajes de solidaridad, sus acciones internacionales, como el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y de Marruecos sobre el Sahara Occidental, han sido criticadas. La sociedad mexicana y otros observadores internacionales exhortan al gobierno colombiano a priorizar la atención de las urgencias de la población.
En medio de la devastación, la solidaridad internacional y la respuesta local se han vuelto esenciales. La comunidad internacional espera que el gobierno colombiano pueda pausar sus designios neoliberales y atender las necesidades urgentes de la población afectada.
