La defensa de Cilia Flores esposa del ex presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a presentar una solicitud de libertad bajo fianza argumentando que su estado de salud se ha deteriorado significativamente desde su captura. El pedido, presentado este miércoles, busca que la antigua primera dama sea puesta en libertad mientras se prepara el proceso judicial que iniciará el 1 de junio de 2027.

Según los documentos judiciales, los abogados de Flores relatan que la detenida ha experimentado una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular y un episodio de 30 minutos de intensa opresión torácica. A esto se suman la pérdida de peso considerable y la caída de dos molares. Antes de su arresto, la condición cardíaca de la ex primera dama era descrita como «estable» y se controlaba mediante una única inyección mensual.

Antecedentes de la detención y condiciones de reclusión

El 3 de enero, Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación en Caracas que culminó con la captura de Maduro y Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York donde la ex primera dama ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) con lesiones en la frente y otras contusiones. Durante los primeros tres meses, Flores estuvo recluida en aislamiento, una medida que, según su defensa, dificultó el monitoreo y tratamiento médico adecuado.

El equipo médico del MDC ha sugerido la realización de un cateterismo para evaluar la gravedad de los problemas cardiacos. Sin embargo, la defensa subraya que «la prisión dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca» y que la falta de acceso a cuidados especializados empeora su condición.

Alegaciones médicas de la defensa

Los representantes legales de Flores destacan que la enfermedad cardíaca, que antes se manejaba con una simple inyección mensual, se ha agravado tras la operación militar estadounidense. Señalan que la ausencia de análisis clínicos tras la opresión torácica de 30 minutos constituye una negligencia que ha puesto en riesgo la vida de la acusada.

Además, la defensa insiste en que la ex primera dama, de 69 años, no dispone de recursos financieros para costear su defensa ni para «comprar su libertad», como alegó la Fiscalía. En una declaración jurada, Flores afirmó bajo pena de perjurio que sus fondos son insuficientes para cualquier pago que cubra los gastos judiciales.

Respuesta del Gobierno y perspectiva judicial

El Gobierno de los Estados Unidos se opone rotundamente a la concesión de la libertad condicional argumentando que existe un «riesgo de fuga extremo» y que la acusada representaría un «peligro para el público». A pesar de estos argumentos, los abogados de Flores rechazan la posibilidad de fuga, citando su avanzada edad y su delicado estado de salud.

El proceso judicial conjunto contra Flores y Maduro incluye cargos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, dentro de una supuesta trama de narcoterrorismo y corrupción que se extiende por más de veintidós décadas. Ambos han solicitado que se desestime el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana. De resultar condenada, Flores enfrentaría una pena mínima obligatoria de cuarenta años y un máximo de cadena perpetua.