El miércoles 23 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que obliga a las autoridades del Estado de México a actuar de forma inmediata contra el crítico nivel de hacinamiento que vive el penal Neza-Bordo Xochiaca. La sentencia surge a raíz de un amparo interpuesto por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que alegaba que la situación vulnera los derechos humanos de los internos.
Orden judicial y fundamento jurídico
El proyecto de sentencia, redactado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía equipara el exceso de población carcelaria a tratos crueles, inhumanos y degradantes señalando que la sobrepoblación constituye una violación directa de la dignidad humana. En la sesión del pleno, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó que la decisión permite llevar al debate constitucional a quienes fueron privados de libertad, pero no de su dignidad.
Medidas propuestas para descongestionar el penal
El fallo detalla tres vías principales: libertad anticipadatraslados voluntarios y, en casos excepcionales, la sustitución de la pena privativa de libertad por medidas alternativas, como la libertad condicional para personas mayores o con grave estado de salud. El ministro Irving Espinosa Betanzo puntualizó que la Ley de ejecución Penal ya contempla los artículos 136 a 144 para ejecutar estas acciones sin que se conviertan en una «liberación indiscriminada».
Dimensión del problema y reacciones de los magistrados
Según los datos oficiales, el centro está diseñado para menos de dos mil internos, pero actualmente alberga a más de cinco mil personas, cifra que incluye a 3 989 reclusos en situación de sobrepoblación absoluta. La magistrada Esquivel Mossa describió la condición como una de las mayores amenazas a los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, y señaló que “las autoridades del Estado mexicano estamos llamadas respecto de los derechos humanos”. El pleno coincidió en que el hacineamiento es uno de los retos más urgentes que debe abordar México.
El fallo, adoptado por unanimidad, también protege la labor del IFDP, que representa legalmente a cientos de internos sin acceso a defensa particular. El tribunal subrayó que la resolución no presupone que todos los reclusos cumplen los requisitos para los beneficios, pero sí reconoce la necesidad de aplicar los mecanismos legales disponibles para aliviar la crisis.
Con estas directrices, el Gobierno del Estado de México tiene la responsabilidad de iniciar procesos de revisión de casos, identificar a los internos que pueden acceder a la libertad anticipada o a traslados, y garantizar que las decisiones judiciales se apliquen de forma rigurosa y respetuosa de los derechos fundamentales.
