El 23 de junio se llevó a cabo la ejecución de cinco hombres de nacionalidad etíope en el centro de detención de Khamis Mushait, provincia de Asir, Arabia Saudí. Las autoridades los condenaron por presunto tráfico de cannabis acusación que sus familiares califican de infundada. Los fallecidos tenían entre 25 y 26 años y, según datos de Human Rights Watch, fueron parte de los 116 ejecutados en el país hasta el 27 de julio.
Detalles de la ejecución y ausencia de cuerpos
Las familias afirman no haber recibido aviso previo de la medida ni el certificado de defunción correspondiente. Además, los restos de los condenados no fueron repatriados, lo que impide que los familiares realicen el tradicional entierro ortodoxo etíope, que consiste en envolver el cuerpo en un sudario y colocarlo en un ataúd de madera. Kinfe Aregawi padre de Kibrom Kinfe Aregawi, expresó: «Hacemos todas estas ceremonias para ayudar a nuestra familia a buscar alivio y aceptar que él ha muerto. Pero yo no encontraré consuelo». La falta de los cuerpos, según la investigadora de la ESOHR Duaa Dhainy, «extiende el castigo a la familia».
Reacción de las familias y la comunidad ortodoxa
Los parientes, en su mayoría pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa Etíope, organizaron rituales simbólicos para honrar a sus seres queridos. Letechristos Gebretsadik madre de Tsigabu Gebremariam, señaló que la imposibilidad de ver el cuerpo oprime su corazón y que el luto se prolonga más allá de los 40 días tradicionales. El padre de Tsigabu, Hagos Gebremeskel recordó que su hijo partió a Arabia Saudí para escapar de la pobreza y la guerra civil en Tigray, y que nunca recibió pruebas contundentes de su culpabilidad.
Contexto de la pena de muerte y denuncias internacionales
Según Amnistía Internacional, el 75 % de las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí recae sobre extranjeros. La organización estima que, desde la ascensión del rey Salman en 2015, el país ha ejecutado más de 2 000 personas, con un 42 % de ellos siendo no saudíes. La relatora de la ONU sobre libertad de religión, Nazila Ghanea, calificó la retención de los cuerpos como «tortura y abuso». La legislación saudí permite la repatriación del cuerpo a costa de la embajada, pero, según la ESOHR, nunca se ha materializado.
El caso ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Arabia Saudí y la necesidad de mayores garantías procesales para migrantes. Organizaciones como Reprieve MENA y Human Rights Watch piden transparencia y la devolución de los restos a las familias como paso esencial para respetar los derechos humanos y la dignidad de los fallecidos.
Mientras tanto, los familiares siguen sin respuestas claras. Kinfe Aregawi afirmó: «No hay pruebas que demuestren que mi hijo haya participado en el contrabando de hachís» y añadió que ni el certificado de defunción ni los objetos personales le han sido entregados. La situación deja a las familias etíopes en una pena doble: la pérdida irrevocable de sus seres queridos y la imposibilidad de realizar un cierre ritual adecuado.
