La justicia venezolana se encuentra en un momento crucial con la revisión de la condena de 30 años impuesta al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Caguaripano Scott, y otros 22 acusados por el asalto al Fuerte Paramacay en agosto de 2017. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo ha iniciado un proceso que podría modificar, ratificar o anular la sentencia dictada en diciembre de 2026, tras un juicio marcado por numerosas irregularidades.

El caso, conocido como causa Paramacay ha generado gran controversia debido a las denuncias de violaciones al debido proceso, tratos crueles y prolongadas detenciones preventivas. Familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos han señalado que el proceso ha estado plagado de irregularidades desde su inicio, lo que ha llevado a la actual revisión de la condena.

Un proceso lleno de obstáculos y demoras

La audiencia oral y pública, celebrada el 26 de agosto de 2026, enfrentó varios contratiempos que retrasaron su inicio. Programada para las 11:00 a.m., la sesión se reanudó alrededor de las 3:45 p.m. debido a problemas técnicos. Uno de los principales obstáculos fue la imposibilidad de conectar de manera telemática a uno de los acusados, recluido en la cárcel de Yare debido a la falta de electricidad en el penal. Esta situación generó una nueva dilación en un proceso que ya ha durado más de ocho años.

Los acusados, entre ellos el capitán Caguaripano, fueron detenidos el 11 de agosto de 2017 y sentenciados a 30 años de prisión por delitos de rebelión y traición a la patria. Sin embargo, familiares y defensores denuncian que el proceso ha vulnerado el debido proceso, los lapsos legales y las garantías constitucionales. Diecisiete de los 23 condenados ya llevaban más de ocho años privados de libertad cuando se dictó el fallo, superando ampliamente los plazos máximos establecidos en la legislación venezolana.

Denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos

Entre las principales irregularidades señaladas destacan las denuncias de torturas y tratos crueles durante la detención y el juicio. Familiares, abogados y organismos internacionales, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la CIDH han documentado graves lesiones sufridas por los acusados, incluyendo golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas y aislamiento prolongado en centros como La Tumba del Sebin, el Helicoide y Rodeo I.

Juan Bautista Caguaripano, padre del capitán, ha relatado públicamente las secuelas físicas y emocionales que su hijo ha sufrido. La esposa del militar, Irene Olazo Mariné, exiliada en Costa Rica, ha insistido en que el caso se construyó sobre una narrativa política y ha exigido respeto al debido proceso. Además, se ha denunciado la negación de la Ley de Amnistía que en febrero de 2026 fue rechazada por el juez tercero de Primera Instancia de Carabobo, a pesar de que se aplicó a cientos de otros detenidos.

El futuro de los acusados en manos de la justicia

La Corte de Apelaciones debe ahora analizar los recursos acumulados en el caso. El desenlace podría modificar la situación jurídica de los 23 acusados, en un proceso que, según las denuncias, resume años de dilaciones, violaciones a derechos humanos y cuestionamientos a la imparcialidad del sistema judicial venezolano. Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal han denunciado que la sentencia de diciembre de 2026 se produjo en medio de un proceso que desatendió todo el debido proceso.

Políticos opositores, activistas y amigos del militar, como el ex preso político Carlos Azuaje, han exigido la liberación inmediata de los acusados, argumentando que se trata de presos políticos y que la exclusión de los militares de las amnistías y liberaciones recientes evidencia un ensañamiento selectivo. Mientras tanto, el capitán Caguaripano permanece recluido en El Rodeo I en el estado Miranda, y su defensa busca la anulación o modificación de la condena.

Familiares, encabezados por su padre y su esposa, reiteran: No pedimos privilegios, sino que se cumpla la ley. La verdad, según ellos, está allí y no se puede ocultar. La justicia ahora tiene la palabra.