El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella ha marcado un antes y después en la política de seguridad del país con un anuncio contundente desde el Palacio de San Carlos en Bogotá. En una declaración acompañada por el ministro de Justicia, Iván Cancino el mandatario dejó claro que la Paz Total implementada por el gobierno anterior, ha sido un fracaso.

El 26 de agosto, De La Espriella presentó su nueva estrategia, centrada en la seguridad, legalidad y autoridad del Estado en un discurso que prometió ser implacable contra el crimen organizado. «La llamada Paz Total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental», afirmó el presidente, subrayando que su gobierno no permitirá que el diálogo se convierta en un mecanismo de impunidad.

Un cambio radical en la estrategia de seguridad

La nueva política de De La Espriella busca desmontar el modelo de Paz Total, que según él, concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin resultados concretos. «Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios frente a la justicia», declaró el presidente, enfatizando que la única vía para las estructuras criminales será el sometimiento a la justicia ordinaria.

En un gesto simbólico, De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública tratar a las disidencias de las Farc como terroristas. «En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo», dijo, dejando claro que no habrá espacio para el diálogo con estos grupos.

Reformas legales y persecución de cabecillas

El gobierno de De La Espriella ha presentado una reforma a la ley de Paz Total que busca eliminar cualquier disposición que permita frenar medidas judiciales contra miembros de organizaciones criminales sin un proceso formal de sometimiento. Esta reforma, impulsada por el representante Simón Molina aliado del presidente, también prohíbe reconocer estatus político o otorgar beneficios a organizaciones sin un origen político-militar comprobado.

Entre las prioridades del nuevo gobierno está la suspensión inmediata de los beneficios otorgados a voceros de grupos armados ilegales en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó. El ministro de Justicia, Iván Cancino será el encargado de ejecutar estas medidas, que incluyen el seguimiento activo de los beneficios concedidos a 121 individuos hasta el primer semestre de 2026.

La administración de De La Espriella también ha puesto como prioridad la persecución de cabecillas de grupos armados, como Iván Mordisco y Calarcá vinculados a las disidencias de las Farc, así como a alias Chiquito Malo del Clan del Golfo y líderes del ELN.

La guerra contra la coca: un nuevo enfoque

Desde el inicio de su campaña presidencial, Abelardo De La Espriella fue claro en su postura contra la coca. El gobierno ha anunciado el uso de un nuevo herbicida, el glufosinato de amonio en un plan piloto para demostrar su eficacia sin dañar el medio ambiente ni la salud humana. «La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible», aseguró el presidente durante su posesión.

Colombia enfrenta un panorama alarmante en cuanto a cultivos de coca, con niveles récord de producción. Según la ONU, el área sembrada con coca alcanzó las 262.000 hectáreas en 2026, con una producción potencial de 3.001 toneladas de cocaína. «La coca no se combate con estadísticas maquilladas, sino arrancándola de la tierra», declaró De La Espriella, reafirmando su compromiso con la erradicación.

El presidente también destacó que su gobierno no entregará «un solo centímetro de Colombia» a los criminales, subrayando la importancia de perseguir a los responsables y llevarlos ante la justicia. «La orden es una sola: perseguir a los criminales, rescatar a quienes estén en sus manos, destruir sus estructuras y llevarlos ante la justicia», concluyó.