El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado una medida sin precedentes: la revocación de hasta 200.000 visas de no inmigrante para extranjeros que ingresaron al país con visas de turismo o negocios y luego solicitaron asilo. Esta acción, coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca cerrar lo que el subsecretario de Estado, Christopher Landau describe como una laguna en la ley migratoria.
La medida afectaría principalmente a titulares de visas B1 (negocios) y B2 (turismo) emitidas entre y 2026. Según funcionarios bajo anonimato, la mayoría de los afectados serían reclasificados, pero perderían su condición de viajeros temporales. Esta acción podría enfrentar impugnaciones legales y ha generado controversia a nivel internacional.
La justificación detrás de la medida
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott explicó que la coordinación con el DHS busca identificar y revocar visas de no inmigrante de extranjeros que ingresaron al país alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitaron asilo para quedarse de manera permanente. Landau criticó en redes sociales a quienes intentan usar visas de turismo y negocios para ingresar a Estados Unidos y luego solicitar asilo, afirmando que la gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas.
Esta medida se enmarca en una serie de restricciones migratorias implementadas por la administración de Donald Trump que incluyen la exigencia de más información sobre historiales en redes sociales, el pago de costosas fianzas para la tramitación de visas y la prohibición directa de la emisión de visas a ciudadanos de ciertos países. En diciembre de 2026, el DHS anunció la terminación de programas de reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
Impacto en la economía y la sociedad
La administración Trump también ha propuesto una tarifa adicional de US$103.265 para las solicitudes de visas H-1B utilizadas por empresas para contratar profesionales extranjeros altamente calificados. Esta tarifa, mayor a los US$100.000 anunciados inicialmente, afectaría principalmente al sector tecnológico y financiero, que representan el 65% de las visas H-1B.
En el año fiscal 2026, se aprobaron aproximadamente 400.000 solicitudes de visas H-1B, de las cuales 140.000 correspondieron a nuevos ingresos y 260.000 a renovaciones de empleo. La nueva tarifa podría generar alrededor de US$8.777 millones anuales según cálculos del DHS. Sin embargo, esta medida ha sido impugnada y su implementación quedó anulada en junio pasado por un tribunal federal de Massachusetts.
La generalización de la cruzada antimigrante del trumpismo muestra que ésta no tiene nada que ver con el combate a la delincuencia, la seguridad nacional, el control fronterizo o el ordenamiento de la migración masiva. A estas alturas, es claro que la administración republicana se encuentra poseída por una obsesión malsana que no sólo destruye los derechos de millones de seres humanos y causa un sufrimiento indecible a las familias, sino que golpea a la economía que Trump prometió rescatar.
