El presidente Donald Trump ha firmado dos órdenes ejecutivas que buscan restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Estas medidas, anunciadas este año 2026, son parte de un esfuerzo renovado para limitar el acceso a la nacionalidad estadounidense, luego de que la Corte Suprema rechazara en junio el primer intento de Trump en esta materia.

La ciudadanía por nacimiento, conocida como jus soli es un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. y otorga la nacionalidad a las personas nacidas en territorio estadounidense, con algunas excepciones. Sin embargo, Trump ha argumentado que esta práctica ha permitido el turismo de nacimiento donde ciudadanos extranjeros viajan a EE.UU. específicamente para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos.

Las nuevas órdenes ejecutivas de Trump

Una de las órdenes ejecutivas amplía las definiciones existentes de los no ciudadanos cuyos hijos no son elegibles para obtener la ciudadanía por nacimiento. Según la nueva medida, los bebés nacidos en EE.UU. de dos padres no ciudadanos no recibirán automáticamente la ciudadanía si uno de los progenitores:

  • Es miembro de una organización terrorista extranjera.
  • Es empleado de un gobierno extranjero.
  • Ha intentado obtener la ciudadanía mediante fraude.
  • Reside en territorios estadounidenses donde la ciudadanía no está garantizada por la legislación federal.

Colleen Putzel-Kavanaugh, analista asociada de políticas del Migration Policy Institute (MPI), ha señalado que la categoría relacionada con la pertenencia a grupos terroristas extranjeros podría plantear problemas, ya que es difícil determinar cómo, cuándo y por quién se establecería dicha pertenencia.

La segunda orden ejecutiva busca acabar con la práctica del turismo de nacimiento mediante instrucciones a los departamentos de Estado y de seguridad Nacional para reforzar la regulación y aumentar las medidas de control contra esta actividad. Actualmente, ya es ilegal viajar a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz. Según la medida, las empresas que operan dentro de la industria del turismo de nacimiento utilizan publicidad engañosa para atraer a ciudadanos extranjeros a dar a luz en EE.UU.

El impacto del turismo de nacimiento

Trump afirmó que cientos de miles de bebés han nacido en EE.UU. como resultado del turismo de nacimiento, aunque no presentó pruebas ni aclaró si esa cifra corresponde a un periodo anual o acumulado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algo más de 9.500 bebés nacieron en 2026 de madres con direcciones extranjeras registradas, lo que representa aproximadamente el 0,25 % del total de nacimientos en el país.

El Migration Policy Institute estima que entre 20.000 y 26.000 bebés nacen anualmente en EE.UU. como resultado del turismo de nacimiento, lo que equivale a entre un 0,5% y un 0,7% de todos los nacimientos registrados cada año. Sin embargo, Putzel-Kavanaugh advirtió que el turismo de nacimiento depende intrínsecamente de la intención de una persona de viajar a EE.UU. para dar a luz y captar esa intención en los datos es complicado.

La respuesta de la Corte Suprema

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo en abril, la administración Trump fundamentó gran parte de su argumento contra la ciudadanía por nacimiento en la necesidad de poner fin a esa práctica. El procurador general D. John Sauer sostuvo que conceder la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense ha permitido que prospere la industria del turismo de nacimiento y ha generado toda una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con el país.

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó esa interpretación y respondió: Bien, es un mundo nuevo. Es la misma Constitución. La mayoría de los magistrados del alto tribunal coincidieron con Roberts, rechazando la interpretación de la administración Trump.

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos es uno de los pocos grandes países que conceden ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, más de 30 naciones aplican el principio del jus soli de manera automática y prácticamente sin restricciones. Entre ellos figuran Argentina, Brasil y México, así como la mayoría de los países de Centroamérica.