En un giro significativo para la política migratoria de Estados Unidos, la jueza federal Jeannette Vargas, del Corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha declarado ilegal la suspensión de visas para ciudadanos de 75 países impuesta por el presidente Donald Trump en enero de 2026.
Esta decisión, emitida el 21 de agosto no solo reabre las puertas a miles de solicitantes de residencia permanente, sino que también marca otro revés en la agenda antiinmigratoria del mandatario. La medida, vigente desde el 21 de enero había suspendido la tramitación de visas de inmigrante, afectando a países de América, África, Asia, Europa y Oceanía.
La decisión judicial y sus implicaciones
En su fallo, la jueza Vargas calificó la política como «contraria a la ley» y señaló que excedía la «autoridad legal» del secretario de Estado, Marco Rubio. La medida había sido justificada por el Departamento de Estado bajo el argumento de prevenir el ingreso de solicitantes con riesgo de convertirse en «carga pública» para el Estado.
Sin embargo, Vargas dictaminó que la orden había sido aplicada de manera indebida, ya que los funcionarios consulares fueron instruidos a denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando estos cumplían con los demás requisitos. La sentencia revoca cualquier denegación de visa basada en esta política.
El impacto de la suspensión de visas
La suspensión afectaba a países como Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen entre otros. La medida no incluía las visas temporales para turismo o estudio, pero paralizó por completo las solicitudes de residencia permanente, afectando a casi el 40% de las naciones del mundo.
La decisión judicial ha sido celebrada por organizaciones civiles como la Red Católica de Inmigración Legal (Catholic Legal Immigration Network) el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center) y el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) quienes impulsaron la demanda junto con ciudadanos afectados.
El contexto de la política migratoria de Trump
Desde su regreso al poder, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas y restringiendo significativamente la entrada legal de extranjeros. A principios de junio un juez federal anuló una tasa de 100,000 dólares para las visas de trabajo, comúnmente utilizadas en el sector tecnológico.
A finales de junio la Corte Suprema anuló un decreto emitido por Trump el primer día de su segundo mandato que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Estas decisiones reflejan la tensión entre las políticas migratorias del gobierno y las interpretaciones legales de los tribunales.
El fallo ordena al Departamento de Estado restablecer la evaluación individualizada de las carpetas de visado. Las partes involucradas deben remitir sus propuestas sobre el curso de los expedientes pendientes antes del 11 de septiembre mientras que el Departamento de Justicia conserva el recurso de apelar ante una instancia superior.
