En un análisis reciente, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero ha expresado su preocupación por las propuestas de reforma constitucional en materia de seguridad pública. Cordero, quien sirvió durante el gobierno de Gabriel Boric considera que estas iniciativas no solo son innecesarias, sino también peligrosas para la estabilidad institucional del país.

La discusión surge en el contexto de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) anunciada por el gobierno de José Antonio Kast. Esta agenda incluye un total de 31 propuestas de ley algunas de las cuales ya están en debate en el Congreso Nacional. Entre las más controvertidas se encuentra la reforma constitucional que busca establecer en la Carta Magna la responsabilidad del Estado de asegurar la seguridad pública y la creación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios críticos.

La importancia de la implementación sobre la reforma

Cordero argumenta que lo genuinamente importante hoy día está en la implementación de muchas leyes que se adoptaron. Según él, la prioridad debería ser la ejecución efectiva de las normativas existentes, como la ley de inteligencia en lugar de reabrir un debate constitucional que podría ser contraproducente.

¿Por qué? Porque de lo contrario, las personas han sido testigos de un acuerdo transversal y luego se van a preguntar ¿Para qué han servido estas leyes? Si estamos llevando a cabo, postergando su implementación desde el punto de vista de la prioridad por la reforma constitucional.

Riesgos de la intervención militar en barrios críticos

Uno de los puntos más polémicos de la agenda de seguridad es la propuesta de intervención militar en barrios críticos. Cordero considera esta medida innecesaria y peligrosa. Explica que la forma de intervenir los barrios críticos supone un entrenamiento muy específico en función policial y que la función policial es completamente distinta en su educación, en su formación, en la manera de entender el mando, en la forma de entender la doctrina institucional, en las Fuerzas Armadas que en las policías.

Además, advierte que cuando usted ocupa Fuerzas Armadas, en la idea que lo que va a hacer es más copamiento o le está dando atribuciones para, no sé, controles de identidad, usted está empleando una cobertura de instituciones que no están entrenadas para ese fin.

Consecuencias políticas de reabrir el debate constitucional

Cordero también señala que una eventual reforma constitucional podría reabrir un debate respecto del cual se entendía que, dado el fracaso de los dos procesos constituyentes, ya estaba cerrado. Ojo cuando uno abre la tapa del capítulo de derechos fundamentales. Esta idea de que yo lo voy a focalizar específicamente en seguridad puede terminar siendo un gran problema para el propio gobierno y no sé si ellos han dimensionado las consecuencias políticas de abrir una discusión como esa, sobre todo cuando se aproxima también un debate sobre indultos en materia de derechos humanos.

Mientras tanto, el Director del área Política y Sociedad Civil de LyDRodrigo Ubilla ha analizado los ejes de la agenda de seguridad que promueve La Moneda. Ubilla considera que la agenda es una consecuencia del compromiso del gobierno con la seguridad, un factor que contribuyó a su triunfo en las elecciones pasadas.

Ubilla también aborda la crítica de Cordero sobre la priorización de la implementación de leyes existentes. Aunque comparte el diagnóstico, cree que ello no es excluyente con una nueva agenda de seguridad. Tampoco es excluyente con una tercera dimensión, que es la gestión de seguridad, que tiene que ver con la coordinación de todas las instituciones del sistema -relacionado con la seguridad- que siempre es necesario estar revisando para mejorar los estándares.