El Ministerio de Transporte ha puesto en marcha una inspección de alcance nacional sobre los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones de tránsito. La medida, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella y anunciada el 21 de agosto de 2026 busca verificar condiciones de instalación, operación y autorización técnica y legal de esos dispositivos.

La revisión se realiza en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la Superintendencia de Transporte y otras autoridades competentes. El propósito declarado por la jefa de la cartera es comprobar que los equipos respondan a criterios de seguridad vial y no a propósitos económicos: «La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo».

Alcance operativo y objetivos de la inspección

En el marco de la revisión el Ministerio verificará si cada equipo cuenta con los soportes técnicos y legales requeridos, así como la adecuada señalización y la evaluación de la siniestralidad en los tramos donde funcionan. Se analizarán parámetros como los límites de velocidad aplicados, las condiciones particulares de los corredores viales y la correspondencia entre la instalación y criterios técnicos de seguridad.

La ministra Elsa Noguera enfatizó que la protección de la vida debe primar por encima de otros intereses: «La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico». Además, la cartera anunció que se revisarán las reglas nacionales de autorización para esos sistemas con el fin de exigir criterios más rigurosos en futuras instalaciones.

Distribución y números: cuántas cámaras hay y dónde están

Según los registros oficiales, en Colombia hay 1.339 cámaras de velocidad autorizadas. La distribución por departamentos refleja concentraciones importantes en las principales ciudades y corredores: Bogotá cuenta con 258 Antioquia con 249 Valle del Cauca con 197 y Atlántico con 152. Otros departamentos con presencia relevante son Santander con 73 Cundinamarca con 70 y Norte de Santander con 64.

Además de estos números, el Ministerio recordó que los dispositivos no autorizados no pueden servir como sustento probatorio para imponer comparendos. Esta precisión adquiere relevancia ante las investigaciones administrativas que en 2026 adelantó la Superintendencia de Transporte sobre posibles irregularidades en el funcionamiento y autorización de equipos en distintos entes de tránsito.

Coordinación institucional y pasos a seguir

La revisión occidental implica la participación de varias entidades: además de la ANSV y la Superintendencia de Transporte el proceso contempla a las autoridades locales encargadas de tránsito y a la misma cartera ministerial. El Ministerio anunció que, una vez se identifiquen hallazgos, se definirán las acciones sancionatorias o correctivas pertinentes.

La cartera también informó que la estrategia del Gobierno combinará la detección electrónica con soluciones complementarias de ingeniería vial, señalización, pedagogía y control. En palabras de la ministra: «La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras» por lo que las decisiones deberán responder a las condiciones reales de cada corredor.

Contexto político y respaldo institucional

La instrucción presidencial del 21 de agosto de 2026 fue respaldada por autoridades del gabinete nacional, que coincidieron en la necesidad de transparentar las autorizaciones y el funcionamiento de los sistemas. En ese marco, las entidades han señalado que actuarán con la contundencia necesaria cuando se detecten abusos, irregularidades o incumplimientos.

Finalmente, el Ministerio reiteró que la revisión incluirá una actualización normativa para garantizar que las futuras autorizaciones de fotodetección respondan a necesidades reales y demostradas desde el punto de vista técnico y de seguridad vial. El proceso permitirá, asimismo, priorizar intervenciones que reduzcan riesgos en las vías y eviten siniestros, con enfoque en la protección de la vida por encima de intereses recaudatorios.