El lunes 12 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella informó que el proyecto de estatuto antiterrorista está listo para ser remitido al Congreso. Tras la fase de borrador, se recogieron observaciones y el texto completo ya incluye un registro de organizaciones terroristas la posibilidad de congelar bienes y penas reforzadas por el uso de drones o la asonada contra la fuerza pública.
Según el mandatario, la medida responde a la “situación de seguridad que se vive en Colombia por las malas decisiones tomadas por el gobierno Petro”. En sus palabras, la iniciativa es tan esencial como la vacuna que erradicó el Covid: «Necesitamos una legislación acorde para luchar contra eso, en el Covid la ciencia inventó una vacuna, así que en Colombia tenemos que crear una vacuna para luchar contra la delincuencia«.
Contenido del proyecto y medidas previstas
El texto contempla dos normas paralelas: una de carácter estatutario y una ordinaria. La primera establecería una lista de organizaciones terroristas similar a la que usan varios países, clasificando a los grupos como Grupos Armados Organizados (GAO). Esta clasificación permitiría aplicar el Derecho Internacional Humanitario autorizando operaciones militares, incluidos bombardeos, contra las estructuras registradas, siempre dentro de los márgenes que fije la legislación.
Entre los mecanismos contemplados, destacan la creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo con un mandato de cinco años, la facultad de congelar bienes y cortar la contratación estatal, y sanciones específicas por el empleo de drones. Además, el proyecto prevé la reducción de penas para quienes colaboren entregando información «antes de la acusación».
Reacciones del gobierno y de la oposición
Apoyo de la bancada oficialista
El presidente también anunció un decreto que regulará la protesta social, subrayando que «ni un derecho menos para quien proteste en paz ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano«. El representante del Cambio Radical, Julio César Triana, respaldó la medida, recordando que la protesta es un «derecho constitucional» y que la coherencia política debería ser una «obligación moral». Para Triana, el decreto es necesario para evitar bloqueos que paralizan la producción.
Críticas de la izquierda y sociedad civil
El senador Iván Cepeda expresó en su cuenta de X que el proyecto permite incluir a personas y grupos en la lista de terroristas mediante órdenes ejecutivas, sin control judicial previo. Según Cepeda, eso abre la puerta a sanciones económicas y daños al buen nombre de individuos que aún no han sido condenados. Además, denunció la referencia principal del borrador a la legislación estadounidense en lugar del Derecho Internacional de los Derechos Humanos advirtiendo que «la Constitución de 1991 habrá sido sepultada«.
El senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, defendió la necesidad de nuevos instrumentos y señaló que el proyecto incluye la posibilidad de reducir penas en casos de desmantelamiento de estructuras delincuenciales. Aseguró que la definición de qué constituye un «grupo armado organizado» siempre ha sido competencia del Gobierno Nacional y que el Congreso debe velar por que ninguna medida sobrepase los límites constitucionales.
Desafíos constitucionales y debate en el Congreso
El estatuto, una vez radicado, deberá atravesar la revisión de la Corte Constitucional. Según fuentes gubernamentales, el plan también contempla una ley de sometimiento que entraría en vigor de manera paralela, permitiendo que algunos componentes sean aplicables antes de la evaluación total del proyecto.
El ambiente legislativo parece favorable para la aprobación, ya que el Ejecutivo cuenta con mayorías que facilitan el trámite. No obstante, la oposición avisa que la concentración de poder en el presidente y la ausencia de un proceso judicial previo para la inclusión en la lista de terroristas podrían vulnerar garantías de debido proceso y libertad de expresión.
