El 16 de julio de 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, bajo los cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Tras pasar varios meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, el magistrado Alejandra Ramírez de la Vega modificó la medida cautelar el 26 de septiembre, permitiendo que el procesado cumpla su prisión de manera domiciliaria en su casa de Ensenada, bajo la premisa humanitaria de su edad (74 años) y su estado de salud.

La decisión no implica una pausa en el proceso penal; la FGR subrayó que el expediente sigue activo y que el cambio de sede de la medida cautelar no altera las imputaciones ni la carga probatoria acumulada. El acusado permanece bajo vigilancia y debe respetar los dictados del Poder Judicial Federal mientras se desarrollan las diligencias restantes.

La investigación de la Fiscalía: una red de ferrotanques y simulación fiscal

Según la unidad especializada en delincuencia organizada (FEMDO), la investigación reveló una estructura empresarial vinculada a la empresa Ingemar S.A. de C.V., dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Ernesto Ruffo Appel es accionista mayoritario, poseyendo el 49 % de las acciones, y también se desempeñó como secretario del consejo de administración. La fiscalía sostiene que Ingemar mostró un «comportamiento incongruente con su perfil fiscal», al registrar movimientos de cientos de millones de pesos en cuentas nacionales sin justificación aparente.

El elemento central del supuesto delito son los ferrotanques (cisternas ferroviarias) que, según los peritajes, transportaban entre 30 000 y 112 000 litros de combustible, pero que en los pedimentos aduaneros únicamente declaraban 10 000 litros. La diferencia indicaría una operación de huachicol fiscal cuyo objetivo sería evadir impuestos y obtener ganancias ilícitas mediante la venta de combustible importado de Estados Unidos sin el correspondiente pago tributario.

Hallazgos materiales y estimaciones del daño patrimonial

El punto de partida de la pesquisa fue el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Posteriormente, inspecciones en San Luis Potosí y Nuevo León confirmaron un patrón idéntico: en cada unidad solo se declaraba el 10 % del contenido real, lo que permitió a los investigadores reconstruir una ruta ferroviaria completa para el traslado del hidrocarburo. Las autoridades advirtieron que el contenido de algunas unidades representaba un riesgo para la población por la generación de altas temperaturas.

Con base en la información recabada –incluyendo dictámenes periciales, entrevistas, revisiones de facturas, cartas de porte y pedimentos aduaneros– la Fiscalía estima que el daño patrimonial a la Nación podría superar los 4 mil millones de pesos. Además, la FGR señaló que la red habría estado detrás del aseguramiento de más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo en 129 tanques en Coahuila.

Procedimientos judiciales y principios constitucionales

El expediente cuenta con 96 datos de prueba, entre los que se incluyen análisis fiscales, financieros y corporativos, así como informes periciales que respaldan la acusación contra Ruffo Appel. La Fiscalía recordó que, conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo 20 de la Constitución, el procesado goza del principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.

En declaraciones públicas, el exgobernador mantuvo que «No tenemos relación con este caso de huachicol». Sin embargo, la investigación continúa avanzando, y la Fiscalía reiteró su compromiso de respetar el debido proceso y las decisiones del Poder Judicial Federal, pese a que el acusado ahora se encuentre bajo arresto domiciliario en Ensenada.