María Carolina Restrepo, quien encabeza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presentó una solicitud formal ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre, con el objetivo de que se inicien averiguaciones contra tres usuarios de redes sociales que, según ella, incurrieron en amenazas y injurias contra servidores públicos.
Amenazas en redes y denuncia a la Fiscalía
Los mensajes, difundidos tanto en la plataforma X como en grupos de chat, contenían información precisa sobre la ubicación de Restrepo en el aeropuerto de Cali a finales de septiembre. Uno de los escritos indicaba que el autor deseaba “acercarse a preguntarle qué tiene en la cabeza”, mientras que otro usuario respondió que “la iba a ver pronto”, sin aclarar el modo de hacerlo “para ser lo suficientemente protocolaria”. La directora sostuvo que estos intercambios superan el mero debate político y constituyen un riesgo real para su seguridad.
En la audiencia, Restrepo recalcó: “Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente.” Con base en esa declaración, la Fiscalía recibió el caso contra los administradores de los perfiles “Andrés Pérez Obando” (Facebook), “Amalia Andrade A.” y “Shibussan” (X), así como a cualquier otra persona que pudiera haber colaborado en la difusión.
Contexto político y la polémica familiar
El conflicto surgió en el marco de un debate de control político sobre el presupuesto del ICBF para el año 2027 llevado a cabo en la Comisión Séptima del Senado. Durante la sesión, Restrepo intervino en el programa “Familias y Comunidades”, resaltando que la entidad estaba considerando cambios de denominación porque “la familia es una, no son las familias”. Esa declaración provocó un intercambio de opiniones que desembocó en la publicación de los mensajes ofensivos en redes sociales.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella también ha sido mencionado en el contexto de la discusión, aunque su participación directa en los mensajes no fue confirmada. Lo que sí quedó claro es que la controversia alimentó un clima de hostilidad que, según Restrepo, la hizo temer por su integridad física.
Procedimientos y evidencia entregada
Para facilitar la investigación, la directora del ICBF entregó a la Fiscalía tanto su número de teléfono celular como los capturas de pantalla obtenidas de las cuentas señaladas. Estos documentos servirán como prueba clave para determinar la responsabilidad de los autores y, en su caso, aplicar los delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria. La Fiscalía ha confirmado que los materiales quedaron a su disposición y que se están tomando las medidas pertinentes para preservar la cadena de custodia.
La investigación está en marcha y se espera que las autoridades indiquen los pasos siguientes una vez se haya completado el análisis de la evidencia presentada.
