El miércoles pasado la ejecución programada para Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee desde 1996 por el asesinato de la joven Colleen Slemmer, se interrumpió cuando la dosis de pentobarbital no logró inducir la muerte. Tras la administración de dos jeringas, el personal del corredor la trasladó de urgencia a un hospital, donde su defensa informó que la interna recibe «medidas para salvarle la vida».
Otro intento fallido en el mismo estado
El caso de Pike marca el segundo procedimiento fallido en Tennessee durante 2025. En mayo, el programa de ejecución de Tony Carruthers se pospuso porque los agentes penitenciarios no pudieron localizar una vena apta para la inyección. Estos incidentes ponen en evidencia la creciente dificultad que enfrentan los estados para aplicar la inyección letal de manera eficaz.
Evolución de los métodos y la escasez de fármacos
Desde que la Corte Suprema de EE.UU. levantó la moratoria en 1976, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) registra 1.683 ejecuciones, de las cuales el 89 % se han realizado mediante inyección letal. Tradicionalmente, se utilizaba una combinación de tres fármacos: un anestésico (tiopental o midazolam), un paralizante (bromuro de vecuronio) y cloruro de potasio para detener el corazón. Sin embargo, la creciente oposición de las compañías farmacéuticas y restricciones de exportación europea limitaron el acceso a estos productos.
Ante la escasez, muchos estados adoptaron un protocolo de un solo fármaco empleando dosis altas de pentobarbital, que también se usa en la eutanasia animal. El gobierno federal siguió esa línea en 2019, a pesar de la falta de suministro estable. Para sortear la limitación, los estados recurrieron a farmacias de formulación magistral y, en algunos casos, protegieron la identidad de los proveedores, dificultando la supervisión de la calidad del medicamento.
Impacto social y tendencias actuales
En 2025 se alcanzó el número más alto de ejecuciones desde 2009, con 47 reos ejecutados, cifra que contrasta con el descenso histórico del apoyo popular a la pena de muerte. Según una encuesta de Gallup, sólo el 52 % de los estadounidenses respalda la práctica, mientras que el 44 % se opone, el mayor nivel de rechazo registrado desde 1966. Florida concentra casi la mitad de las ejecuciones nacionales con 19 fallecidos, equivalente al 40 % del total.
Los críticos argumentan que la falta de transparencia en la adquisición de drogas y los incidentes de ejecuciones prolongadas vulneran la prohibición constitucional contra los castigos crueles e inusuales. Además, testimonios de antiguos funcionarios penitenciarios, como el exdirector de prisiones de Georgia Allen Ault, revelan el peso psicológico que estos procesos imponen a los encargados de llevarlos a cabo.
El Departamento de Justicia, en un memorándum de 48 páginas publicado en abril, definió su protocolo como «el estándar de oro» a pesar de la escasez, y también ordenó a las prisiones federales ampliar los métodos permitidos, incorporando la pistola de fusilamiento, la electrocución y la hipoxia por nitrógeno. Mientras tanto, estados como Alabama y Luisiana ya han ejecutado reos mediante gas nitrógeno y en 2026 Idaho declaró al fusilamiento como método principal, reflejando una tendencia a diversificar los recursos ante la ausencia de fármacos.
