El 28 de agosto, un avión despegó del aeropuerto de Dallas con destino a la capital africana de Bangui. Entre los pasajeros se encontraba Kenis López ciudadano nicaragüense de 45 años, cuyo trayecto comenzó siete meses antes, cuando agentes del ICE lo interceptaron frente a su vivienda en Mineápolis, Minnesota.
Desde ese momento, López relata haber sido sujetado por manos y pies, con un casco protector, y haber sido transportado en un autobús donde, al intentar bajarse, declaró que preferiría morir allí antes que ser enviado a un continente desconocido. Un guardia respondió: «Si eso quieres, eso te va a pasar». Según su versión, un oficial ordenó el uso de balas de goma, disparando a menos de un metro de distancia y dejando marcas de unos cinco centímetros en su cuerpo.
El vuelo y las lesiones documentadas
Fotografías tomadas dos días después del embarque mostraron dos círculos morados de aproximadamente cinco centímetros en el brazo izquierdo de López, además de un hematoma en el pecho de otro detenido. La experta médica Rohini J. Haar de Physicians for Human Rights describió esas marcas como «compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal», una conclusión respaldada por el investigador Neil Corney de la Omega Research Foundation.
Ante las preguntas del equipo informativo, el Departamento de seguridad Nacional (DHS) afirmó que «no se está golpeando ni abusando de ningún detenido». Sin embargo, los migrantes aseguran que fueron arrastrados al avión «como animales» y que solo en el aire supieron que su destino era la República Centroafricana uno de los países más vulnerables del continente.
República Centroafricana: contexto de un destino polémico
Independiente de Francia en 1960, la República Centroafricana posee abundantes recursos de diamantes, oro, petróleo y uranio, pero también registra indicadores de extrema pobreza: una esperanza de vida de 58 años, el 71,6 % de su población vive con menos de 3 USD al día y el promedio escolar es de apenas 3,9 años. Desde 2013 el país ha atravesado una guerra civil entre los grupos rebeldes Seleka y anti-Balaka, que dejó al poder a un gobierno de transición en 2014 y sigue sumido en crisis.
Los acuerdos de «tercer país seguro» firmados por la administración Trump permitieron que personas como López fueran enviadas a naciones sin vínculo previo, bajo la premisa de que allí no enfrentarían persecución. Según datos de organizaciones de derechos humanos, a finales de agosto de 2023 al menos 100 migrantes fueron expulsados a ocho destinos africanos, entre ellos la RCA, aunque el propio DHS no ha publicado cifras oficiales.
Política estadounidense de deportación a terceros países
La estrategia del gobierno de Donald Trump buscaba la «mayor deportación de la historia», recurriendo a la figura legal de la expulsión a un tercer país cuando la corte impide el retorno al país de origen por riesgo de tortura o muerte. El alto funcionario del ICE, John A. Schultz, explicó que esta medida permite cumplir simultáneamente con la prohibición de devolución y con la orden de expulsión definitiva.
En marzo, la Corte Suprema autorizó que el programa continúe mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. Informes de Human Rights First y Refugees International indican que entre enero de 2025 y agosto de 2026 se deportaron más de 23 000 personas a 26 naciones, con cerca de 330 enviados a países africanos como Liberia, Esuatini o la República Democrática del Congo. En la RCA, tres vuelos desde junio han trasladado al menos 92 migrantes, según la monitora de vuelos de ICE, Savi Arvey.
El DHS sostiene que «todos los inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro» y afirma que la ley se aplica tal como está escrita. No obstante, grupos de defensa argumentan que estos acuerdos vulneran el derecho internacional de refugiados y ponen a personas bajo protección, como López, en situaciones de riesgo extremo.
