La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete volvió a sumar datos que aumentan la controversia pública. Un testimonio judicial sostiene que el pago por las refacciones de una vivienda en el country Indio Cua fue de US$245.000 en efectivo, sin factura que respalde la operatoria bancaria. La declaración del contratista aportó detalles sobre los trabajos realizados y documentación que ya está en manos del fiscal, lo que obligó a reabrir interrogantes sobre el origen de los fondos y la consistencia de las cifras declaradas por el entorno del funcionario.
En paralelo, el jefe de Gabinete sostuvo en una conferencia que no ampliará explicaciones públicas por estar vigente el debido proceso judicial, y remarcó que, si corresponde, las aclaraciones se harán en el ámbito de la Justicia. Desde sectores oficiales se anticipó que se solicitarán pericias para contrastar las sumas. Mientras tanto, la causa incluye registros catastrales, escrituras y testimonios que trazan la cronología de la compra y la remodelación.
El testimonio del contratista y los elementos probatorios
El trabajador que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita describió una obra integral en una propiedad de unos 400 metros cuadrados: se hicieron pisos, paredes, un gran quincho y una pileta con cascada, además de colocaciones nuevas en la galería y cerramientos de PVC. Según su relato, todo se pagó al contado y sin emisión de factura. El testigo aportó facturas de materiales, comprobantes de compra, fotografías y videos del avance de obra, que quedaron como prueba documental ante la Fiscalía.
Documentación, filmaciones y ausencia de factura
Las pruebas presentadas por el contratista incluyen un detalle de los gastos en materiales y mobiliario, y filmaciones que muestran el progreso de la obra. Pese a ello, la falta de comprobantes fiscales formales -y el volumen declarado en efectivo- es el punto que más preocupa a los investigadores. El relato del testigo fue acompañado en la audiencia por el defensor del funcionario, lo que convierte a esa declaración en un insumo clave para cruzar movimientos patrimoniales y bancos de datos registrales.
El presupuesto original y la discrepancia con el pago declarado
Según la explicación consignada en sede judicial, se había pactado inicialmente un presupuesto que rondaba los US$128.150, que luego fue recortado por exclusiones y quedó en torno a US$85.050, con una remodelación de la pileta por aproximadamente US$9.000, lo que situaba la propuesta aceptada cerca de US$94.000. No obstante, el contratista afirmó que finalmente recibió un total de US$245.000 en efectivo, cifra que cuadruplica la base estimada y que, por su magnitud, abrió nuevas líneas de investigación sobre la existencia de movimientos no bancarizados.
Duración de la obra y constancias
La ejecución de los trabajos demandó varios meses: el testigo declaró que la obra se extendió por aproximadamente ocho meses y que se intentó formalizar un presupuesto escrito al inicio, pero que finalmente no se rubricó. Esa ausencia de presupuesto firmado, junto con los recibos y videos aportados, es un contraste relevante que la Justicia deberá valorar en las pericias que se soliciten.
Repercusiones judiciales y contexto político
La vivienda está registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, figura que aparece como titular en los registros desde el 15 de noviembre de 2026. En la misma jornada de la adquisición se formalizó, según documentos, un préstamo hipotecario por US$100.000 garantizado con un departamento, operación que la escribana interviniente declaró ante la Fiscalía. Todo ese entramado patrimonial es ahora materia de verificación en la causa por posible enriquecimiento ilícito.
Además, en el escenario judicial paralelo, la fiscal Fabiana Fein solicitó su sobreseimiento en una causa relativa a la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un dato que se sumó en los últimos movimientos mediáticos y judiciales y que forma parte de la discusión pública sobre responsabilidades y traspasos en procesos sensibles. En lo político, el analista Andrés Malamud evaluó en un programa televisivo que la permanencia del funcionario en el cargo responde a vínculos personales y a motivaciones internas del gobierno.
La respuesta oficial y los pasos siguientes
Desde la defensa del funcionario replicaron que «ese no es el monto» y anticiparon la solicitud de peritajes para confrontar las cifras aportadas por el contratista. En la última aparición pública, el jefe de Gabinete reafirmó que ya brindó explicaciones ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados, y reiteró que cualquier aclaración adicional corresponderá exclusivamente al ámbito judicial.
La causa continúa con recopilación de pruebas, análisis de registros catastrales y bancarios, y la posibilidad de pericias técnicas sobre la obra. En el terreno político, la investigación mantiene encendida la agenda pública y obliga al oficialismo a administrar la comunicación mientras la Justicia avanza en determinar la procedencia de los fondos y la coherencia entre los montos declarados y los acreditados por testigos.
