El viernes 5 de noviembre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, compareció ante el Senado para ejercer su defensa en el primer juicio político que lleva contra su gestión desde 2012. La sesión se dio luego de que la Cámara de Diputados presentara una acusación por «grave y sistemático mal desempeño de funciones» y que la Cámara Alta, con urgencia, se constituyera como tribunal.

El intento de renuncia del mandatario, anunciado en la red social X, fracasó porque los diputados del Partido Colorado abandonaron el hemiciclo, impidiendo el quórum necesario para validar la vacancia. Sin esa mayoría, la Constitución impide activar la línea de sucesión y Peña permanece formalmente en el cargo, pese a la incertidumbre institucional que se generó durante varias horas.

Proceso del juicio político

Acusación y trámite constitucional

El líder de la Cámara Baja, Raúl Latorre, activó el artículo 225 de la carta fundamental, que permite que la Cámara de Diputados actúe como acusadora y el Senado como juzgador. La acusación fue presentada por la diputada opositora Rocío Vallejo, quien describió una «jornada siniestra» en el ámbito financiero, vinculando al presidente con la intervención del Banco Ueno.

El proceso consta de dos fases: primero, la certificación nocturna de los diputados como fiscales; segundo, la toma de juramento de los senadores que formarán el tribunal, prevista para la mañana del viernes. Para destituir a Peña se requieren 30 de los 45 votos del Senado, es decir, dos tercios del número total.

La crisis del banco Ueno

El Banco Ueno, fundado en 2023, llegó a tener a dos de cada tres paraguayos como clientes y gestionaba cerca de 850 millones de dólares en depósitos, de los cuales 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud. A principios de noviembre, el Banco Central del Paraguay detectó que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % exigido, lo que desencadenó la decisión de intervenir y cerrar la entidad.

La medida provocó la paralización de los ahorros de millones de ciudadanos y generó protestas masivas en Asunción. Ocho altos ejecutivos del banco, incluido su presidente, fueron detenidos, mientras que la Fiscalía abrió tres investigaciones penales que también señalan a Peña como posible responsable.

Enlaces entre Peña y Ueno

Hasta marzo de 2025, el presidente mantuvo acciones en Ueno Holding, el conglomerado que controla al banco. Además, nombró a Carlos Carvallo, ex presidente de la anterior compañía, como nuevo titular del Banco Central, creando lo que la acusación califica como «puertas giratorias» y conflicto de intereses. Según los fiscales, el BCP otorgó una «sentencia de muerte inmediata» al banco sin una previa intervención, lo que reforzó la percepción de cooptación estatal.

El mandatario, sin embargo, ha minimizado las alertas del Banco Central, calificándolas de campaña de desprestigio. En su mensaje en X, Peña aseguró que presentará pruebas y argumentos para demostrar que actuó dentro del marco constitucional y que no existió ninguna intención de defraudar a la ciudadanía.

Escenarios y repercusiones

De resultar culpable, Peña perdería la inmunidad parlamentaria, la condición de senador vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes, y quedaría expuesto a un proceso penal liderado por el fiscal Emiliano Rolón Fernández. El caso también reaviva el recuerdo del juicio político que destituyó a Fernando Lugo en 2012, el único antecedente reciente de este tipo de proceso en Paraguay.

Las protestas continúan en los alrededores del Congreso; cientos de depositantes han conformado una «sentata» para seguir en directo los debates. Manifestantes como Adolfo Villalba y Luis Pineda reclaman el fin del «saqueo» de sus ahorros y exigen que el presidente pierda su inmunidad. Mientras tanto, el Partido Colorado se muestra dividido: algunos diputados lo apoyan, pero figuras como el expresidente Horacio Cartes han respaldado la investigación, señalando que el partido no debe tolerar el presunto «robo» de fondos públicos y privados.

El desenlace del proceso determinará si el presidente será destituido y entregado a la justicia penal, o si permanecerá en el cargo afrontando una profunda crisis de legitimidad institucional.