Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia. Con la investidura del nuevo presidente, De la Espriella conocido como El Tigre el país se prepara para un cambio radical en su política de seguridad. Este despliegue contará con uno de los mayores dispositivos de seguridad jamás vistos, con aproximadamente 11,000 soldados y policías realizando operaciones terrestres, aéreas y marítimas.
El aumento de la violencia y la extorsión en Colombia
En los últimos meses, la violencia armada ha aumentado significativamente en Colombia. Según la organización Indepaz desde enero de 2026 se han registrado 78 masacres con 303 víctimas. Esta cifra es la más alta desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con las FARC.
Un ejemplo reciente de esta violencia fue el ataque perpetrado por la guerrilla del ELN el pasado sábado, cuando una bomba explotó cerca de una estación policial en el noroeste de Colombia, dejando 14 heridos.
Además, las estadísticas del Ministerio de Justicia y del Derecho muestran un aumento en la tasa de homicidios, aunque de manera marginal. Pasó de 21.1 homicidios por cada 100,000 personas en 2026 a 25.4 en 2026 y 25.9 en 2026. Sin embargo, otros delitos como la extorsión han mostrado un crecimiento más pronunciado. La tasa de extorsión pasó de 19 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2026 a 26.2 en 2026 aunque hubo una disminución en 2026 con una tasa de 23 casos por cada 100,000 habitantes.
La fragmentación de los grupos armados
Según Glaeldys González analista del Crisis Group para los Andes del Sur, el crecimiento de la violencia está ligado a la fragmentación de los grupos armados en Colombia. Estos grupos buscan consolidar su control territorial, utilizando la extorsión como una herramienta clave.
Luis Felipe Vega profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana coincide en que el control del territorio, el narcotráfico y la minería ilegal son los temas fundamentales. Estos grupos ejercen su poder a través de la intimidación y alianzas con gobiernos locales.
Un giro en la relación con Estados Unidos
La llegada de De la Espriella al poder marca un giro político en Colombia tras cuatro años de gobierno de izquierda. El nuevo presidente, quien se identifica como republicano ha prometido una estrategia de seguridad más agresiva con el apoyo de Estados Unidos e Israel.
De la Espriella, quien ganó las elecciones en julio, ha prometido bombardear a las organizaciones ilegales con el apoyo de estos países. Su iniciativa, llamada Plan Colombia II hace referencia a la millonaria cooperación de Washington con Bogotá a principios de siglo.
No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley advirtió en su primer discurso como mandatario electo.
Limitaciones y desafíos
Según González, esta política tiene serias limitaciones. A diferencia del primer Plan Colombia los grupos criminales están más fragmentados e integrados con las comunidades, lo que dificulta un combate frontal sin víctimas civiles.
Además, las Fuerzas Armadas ya no tienen el control del espacio aéreo, y los grupos armados cuentan con tecnología como drones lo que dificultará las labores de seguridad.
Sin embargo, Vega tiene una visión más optimista. Cree que el mayor presupuesto para el ejército y la cooperación con agencias de seguridad estadounidenses e inteligencia israelí permitirán un combate más efectivo del crimen organizado.
Los acuerdos de paz en riesgo
El desarme de un centenar de guerrilleros fue el mayor avance de la paz total promovida por el gobierno de Petro. Sin embargo, estos acuerdos suelen despertar desconfianza en las guerrillas, especialmente después de que más de 480 firmantes de paz fueran asesinados en la última década.
De la Espriella ha sido crítico de los Acuerdos de Paz desde hace mucho tiempo, reprochando que no se respetó el resultado del plebiscito de 2016. Ha prometido desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz el tribunal de justicia transicional encargado de investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado.
El nuevo presidente ha dado un plazo hasta el viernes a los miembros de las mafias para que se sometan a la justicia ordinaria. De lo contrario, les esperan dos caminos: muerte o cárcel.
A pesar de esto, De la Espriella ha mostrado su disposición a acatar las normas constitucionales que ordenan la implementación de los acuerdos hasta por lo menos 2030. González y Vega no temen por un abandono total de la agenda, pero sí por un cambio en la estrategia de implementación.
Para González, el nuevo presidente debería acelerar la implementación de los acuerdos de paz, ya que estos son la hoja de ruta más completa para combatir las causas estructurales de la violencia en Colombia.
