El pasado 20 de julio de 2026, el juez Brian Logan dictó una sentencia histórica: Ismael ‘El Mayo’ Zambada líder del Cártel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua y se le impuso una sanción reparatoria de 15 mil millones de dólares por decomiso de ganancias ilícitas.
Con 76 años, Zambada inició su carrera criminal en 1969 y consolidó su organización junto a su compadre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Su condena simboliza el fin de la vieja escuela del narcotráfico, que incluyó a figuras como Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo.
La estrategia del bajo perfil y la corrupción institucional
Zambada logró evadir la justicia durante décadas gracias a su bajo perfil público su capacidad para ejercer violencia selectiva y su habilidad para corromper instituciones y funcionarios. Aprovechó la debilidad institucional y el vacío de poder generado por la alternancia política en el año 2000 para expandir sus operaciones.
El director de la DEATerry Cole señaló que la corrupción fue esencial para el éxito del Cártel de Sinaloa. ‘La corrupción fue el pilar de la empresa criminal del Mayo’, afirmó Cole, destacando cómo Zambada usó sobornosinfluencia e intimidación para blindar a su organización.
La corrupción como motor del narcotráfico
La sentencia de Zambada pone en evidencia el papel crucial de la corrupción institucional en el crecimiento del narcotráfico en México. Figuras como Pablo Escobar aprendieron de los generales mexicanos que la falta de escrúpulos era la norma. Durante el sexenio de José López Portillo un general de la Sedena heredó a sus hijos 30 millones de dólares en efectivo.
En años posteriores, la colusión entre políticos y narcotraficantes continuó. Durante el gobierno de Carlos Salinas de GortariAmado Carillo operó en contubernio con el hermano del presidente. Bajo Felipe CalderónGenaro García Luna trabajó para el Cártel de Sinaloa. En 2026, el general Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido en EE.UU. por cargos de narcotráfico.
El futuro de la lucha contra el crimen organizado
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México solicitará la entrega de los bienes decomisados a Zambada, argumentando que los delitos se cometieron en territorio mexicano. Sin embargo, la cooperación entre ambos países se ha visto afectada por la negativa de México a extraditar a figuras políticas como el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las circunstancias del secuestro y entrega de Zambada a EE.UU. Se especula que el capo negoció su sentencia y condiciones de prisión a cambio de información. Su caso subraya la necesidad de una cruzada contra la corrupción organizada y los cárteles de la droga para limpiar las instituciones mexicanas.
