En la Casa Rosada admiten que el expediente judicial que complica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó una huella clara en la percepción pública. Fuentes oficiales reconocen una caída en la imagen de la gestión, en términos que llegan a indicar «7, 8 puntos abajo«, y una sensación de desgaste frente al avance de las indagaciones. Al mismo tiempo, el Presidente Javier Milei continúa su actividad internacional desde Los Ángeles y mantiene su postura de no pedir la renuncia del funcionario, pese al ruido político y mediático.
Reacción pública y la viralización del caso
La disputa no quedó solo en los despachos: las redes sociales se transformaron en el escenario principal de la controversia. Allí proliferan las referencias negativas y la avalancha de burlas —lo que en el oficialismo describen como el fenómeno de lo memificado—, con miles de imágenes y mensajes que aumentan la visibilidad del caso. En el interior del espacio gobernante existe preocupación por el efecto cultural de esos contenidos: más allá de la acusación judicial, la capacidad de viralización amplifica la narrativa adversa y complica la gestión de la comunicación pública.
Presión interna y fricciones entre líderes
La crisis también dejó al descubierto tensiones dentro de la coalición. Por un lado, Karina Milei insistió en mantener la iniciativa de eliminar las PASO y pidió a sus diputados defender la propuesta tal cual fue presentada, rechazando versiones que proponían suavizarla. Por otro lado, la senadora Patricia Bullrich comenzó a explorar alternativas, incluida la posibilidad de que las primarias no sean obligatorias, ante la ausencia de votos para una derogación total. Esa diferencia de enfoques se traduce en solicitudes internas para que el Presidente evalúe el futuro político de Adorni, incluso con llamadas a que dé un paso al costado.
Señales económicas y valoración de riesgo
En paralelo al conflicto político, los mercados recibieron movimientos relevantes. Fitch elevó la calificación de la deuda argentina de CCC+ a B-, decisión que fue interpretada como reconocimiento de mejoras fiscales y externas y que impulsó una caída en el riesgo país y subas en acciones locales, que llegaron a recuperarse hasta un 11% en algunos casos. Sin embargo, la mejora no fue unánime: otras calificadoras mantienen prudencia y observan factores que limitan una subida inmediata en la nota crediticia.
Moody’s y las dudas sobre continuidad
La agencia Moody’s dejó claro que no contempla una mejora inmediata de la calificación y apuntó dos condicionantes clave: el financiamiento de vencimientos en moneda extranjera y el riesgo político 2027. Jaime Reusche, vicepresidente de la firma, destacó que la confianza en la continuidad de las políticas es determinante para la nota, y que sería prematuro un ascenso sin garantías de sostenibilidad. Ese diagnóstico fue expuesto en un encuentro en Buenos Aires donde también participó el viceministro de Economía, José Luis Daza.
Investigación judicial y el patrimonio de Adorni
En el plano judicial, el juez federal a cargo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para contar con documentación sobre propiedades y movimientos. Entre los inmuebles bajo la lupa aparecen la vivienda en el country Indio Cua y un departamento en La Plata que fue publicado originalmente en un valor muy superior al monto declarado en la compra. El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, impulsa medidas para profundizar la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito.
Testimonios y rastreo patrimonial
La instrucción sumó declaraciones: un arquitecto reveló ante la Justicia que cobró US$245.000 por refacciones en la casa del funcionario, y un empresario inmobiliario que intervino en la operación del departamento del barrio de Caballito fue citado a declarar. La causa ya generó pedidos de documentación y actuaciones que buscan reconstruir movimientos societarios y pagos, en un proceso que agrega más capítulos a la agenda pública y mantiene la tensión política mientras el Gobierno intenta contener el costo reputacional.
El caso Adorni, además, convive con otras investigaciones de alto perfil en la escena pública: entre ellas, pedidos de detención y tramites judiciales vinculados a personas cercanas a entidades deportivas y financieras, lo que contribuye a un clima de escrutinio general que atraviesa tanto la administración como sectores privados. En ese contexto, la administración busca equilibrar la defensa política con las consecuencias en la opinión pública y las señales que observan los inversionistas.
