En un fallo histórico, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del banco Mundial desestimó la mayoría de las reclamaciones presentadas por Vulcan Materials contra México. La empresa estadounidense solicitaba una indemnización de mil 900 millones de dólares pero el tribunal solo concedió 15 millones de dólares por la clausura de un predio en enero de 2018.
Este resultado representa un triunfo significativo para el gobierno mexicano, especialmente considerando que estas instancias suelen favorecer los intereses corporativos. Sin embargo, la batalla legal podría no haber terminado, ya que las partes tienen la opción de solicitar la nulidad de la resolución.
El contexto histórico del conflicto
La historia de Vulcan Materials en México se remonta a los años 80, cuando el presidente Miguel de la Madrid Hurtado vendió mil 200 hectáreas en la costa de la Riviera Maya a la empresa. A pesar de que la Constitución mexicana prohíbe el dominio directo sobre tierras y aguas por parte de extranjeros en una faja de 50 kilómetros desde las playas, se otorgaron permisos de extracción de materiales pétreos.
Estos permisos incluían salvaguardas, como la posibilidad de que el Estado declarara sin efectos la concesión en caso de interés público y una vigencia de 20 años. Sin embargo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari estas protecciones fueron eliminadas. La concesión fue prorrogada por 30 años, y se eliminó la posibilidad de que el interés público se sobrepusiera al lucro privado.
El impacto ambiental y la respuesta del gobierno
En 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades de Vulcan Materials debido a la extracción excesiva de materiales. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador intentó llegar a un acuerdo con la empresa, pero las negociaciones fracasaron.
En mayo de 2026 el gobierno mexicano clausuró las operaciones de Vulcan Materials y en 2026 declaró la zona como área natural protegida. Antes de esta decisión, se ofreció a la empresa comprar los terrenos, pero esta se negó. La Profepa había constatado un deterioro grave del ecosistema incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos.
Las implicaciones del fallo del CIADI
El fallo del CIADI no solo representa una victoria legal para México, sino también un precedente importante en la defensa de la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, aunque el tribunal dio la razón a Vulcan en algunos aspectos, la indemnización fue mucho menor de lo que la empresa solicitaba.
Sheinbaum también señaló que Vulcan Materials debe resarcir el daño ambiental ocasionado. La empresa, por su parte, afirmó que el tribunal determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos, pero que la indemnización fue insignificante.
El gobierno mexicano está analizando detalladamente la decisión del tribunal para determinar las acciones legales que puedan tomar. Mientras tanto, Vulcan Materials ha cabildeado ante el Congreso y el gobierno de Estados Unidos para que se involucren directamente en el conflicto.
Este caso subraya los peligros de atraer inversiones sin las salvaguardas adecuadas para la soberanía nacional, el medio ambiente y el bien común. La historia de Vulcan Materials en México es un ejemplo de cómo las decisiones neoliberales pueden tener consecuencias graves décadas después.
