En un movimiento que ha generado intensa polémica, el Gobierno de Gustavo Petro ha presentado una nueva reforma tributaria a solo 16 días del cambio de mando. La iniciativa, radicada en el Congreso de la República por el director de la DianCarlos Emilio Betancourt busca recaudar 21,9 billones de pesos y ha sido recibida con escepticismo por el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.
La reforma, que representa el cuarto intento del Gobierno de Petro por establecer un modelo de aportes más progresivo, incluye una serie de medidas que afectarán tanto a personas naturales como a empresas. Entre los cambios más destacados se encuentra el aumento del IVA a combustibles y productos de lujo, así como ajustes en el impuesto al patrimonio y las exoneraciones parafiscales.
Impacto en los combustibles y el transporte
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es el aumento del IVA a los combustibles. A partir del 1 de enero de 2027 la gasolina y el diésel pasarán de un IVA del 5% a un 10% llegando al 19% en 2028. Según David Jiménez vocero del gremio Somos Uno que integra a Fendipetróleo y COMCE este aumento significaría un incremento de 860 pesos por galón en la gasolina y de 841 pesos en el diésel.
Este ajuste no solo afectaría a los consumidores directos de combustibles, sino también a todos los ciudadanos, ya que el mayor costo de los combustibles se trasladaría a los precios de bienes y servicios. La presión inflacionaria adicional sería inevitable advierte Jiménez, lo que podría agravar la situación económica actual.
Reacciones y críticas
El Gobierno entrante, liderado por Abelardo De La Espriella ha rechazado la iniciativa, calificándola como un intento de trasladar a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos. Por su parte, Carlos Emilio Betancourt ha defendido la reforma, argumentando que es el deber ser desde la responsabilidad fiscal de este Gobierno plantear una estrategia para fortalecer los ingresos públicos.
Además, la reforma incluye medidas como el aumento del IVA a juegos de suerte y azar en línea, una sobretasa a las entidades financieras y ajustes en las ganancias ocasionales. Estas propuestas han generado críticas tanto de sectores empresariales como de la oposición política.
Perspectivas y desafíos
El consenso generalizado es que los enfoques económicos y fiscales de los dos Gobiernos son difíciles de conciliar, lo que reduce la probabilidad de que la reforma evolucione en el Congreso. Sin embargo, Betancourt ha insistido en que la iniciativa busca abrir un debate democrático sobre alternativas para enfrentar los desafíos fiscales del país.
Mientras tanto, el Congreso de la República será el encargado de debatir, modificar, aprobar o archivar la iniciativa. La discusión sobre medidas para fortalecer los ingresos públicos seguirá siendo un asunto de interés nacional debido a las necesidades fiscales que enfrenta Colombia.
