El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha generado un intenso debate con su promesa de entregar US$5.000 a cada adulto estadounidense si los republicanos triunfan en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La propuesta, anunciada durante la convención de su partido, ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, pero también ha levantado interrogantes sobre su legalidad y financiamiento.

La declaración de Trump, hecha en Texas, provocó aplausos entre sus partidarios, pero los demócratas la han calificado de promesa vacía. Mientras tanto, expertos y analistas discuten si la iniciativa es legal y cómo podría financiarse.

La legalidad de la propuesta de Trump

La ley federal estadounidense prohíbe realizar pagos destinados a influir en el voto de las personas. Sin embargo, algunos expertos consideran que la oferta de Trump podría interpretarse como una promesa de reducir impuestos, lo cual es legal. La doctora Joan Mahoney profesora de derecho en la Universidad de Southampton, declaró a la BBC que cree que la oferta sería legal, ya que sería similar a una promesa de campaña.

«Por un lado, suena un poco a soborno: vota por los republicanos y recibirás dinero, lo cual sería decididamente ilegal», dijo Mahoney. «Pero, por otro lado, iría a parar a todo el mundo, independientemente de cómo hayan votado, así que en ese sentido no es un soborno».

No obstante, Laurel Rapp directora del programa para Estados Unidos y Norteamérica del centro Chatham House de Londres, opinó que la oferta de Trump parece ser «un acuerdo muy diferente, muy transaccional», distinto del tipo de promesa que suelen hacer los candidatos en periodo electoral.

El costo y la viabilidad financiera

Además de las dudas sobre la legalidad, la propuesta de Trump ha generado preguntas sobre su viabilidad financiera. Con casi 270 millones de adultos en Estados Unidos, un pago de US$5.000 costaría al gobierno alrededor de US$1,3 billones. Trump no ha detallado cómo se financiarían estos cheques, aunque el vicepresidente JD Vance sugirió que podrían pagarse con los ingresos arancelarios.

Erica York economista sénior de la Tax Foundation expresó su escepticismo sobre la aprobación de tal propuesta por parte del Congreso. «Esta sería una de las peores maneras de usar US$1,3 billones», afirmó York. «Estamos en una senda muy insostenible, con déficits que, según las previsiones, no harán más que aumentar».

Según el Bipartisan Policy Center Estados Unidos ha recaudado alrededor de US$475.000 millones en ingresos por aranceles e impuestos especiales desde principios de 2025. Sin embargo, se han reembolsado más de US$100.000 millones después de que el Tribunal Supremo anulara muchos de los aranceles a principios de este año.

Las motivaciones detrás de la propuesta

Robert Moran un antiguo estratega y encuestador republicano, afirmó que la oferta de Trump debe considerarse en el contexto de unas elecciones que están a menos de dos meses. «Es una promesa extraordinaria, y no estoy seguro de dónde va a salir ese dinero, pero estamos en época de campaña electoral», declaró Moran a la BBC.

Según Laurel Rapp de Chatham House Trump está pensando a corto plazo para intentar mantener el control del Congreso en los dos últimos años de su mandato. «Ahora está recurriendo al dinero porque las encuestas no son favorables para los republicanos y tampoco para él», continuó Rapp.

El vicepresidente Vance declaró a Fox News que no consideraba que el plan de Trump fuera una idea controvertida. «De lo que habla el presidente es, fundamentalmente, de un dividendo para los trabajadores estadounidenses», dijo Vance. «Estamos obteniendo una cantidad extraordinaria de ingresos porque el presidente de Estados Unidos está plantando cara tanto a las empresas extranjeras como a los países extranjeros que se han estado aprovechando de los trabajadores estadounidenses.»

Esta no es la primera vez que Trump promete tales pagos; anteriormente propuso cheques de US$2.000 que se financiarían con los ingresos arancelarios. Dichos pagos no se han materializado. El expresidente Joe Biden fue acusado de comprar votos cuando prometió cheques de estímulo económico de US$2.000 para los estadounidenses afectados por el covid-19 si dos candidatos demócratas en Georgia ganaban las elecciones al Senado de EE.UU. en enero de 2021.