Este miércoles 9 de septiembre de 2026, familiares de presos políticos se congregaron frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas para exigir justicia y respuestas sobre las irregularidades en los juicios y las condiciones de detención de sus seres queridos. La protesta, organizada por el Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) buscaba presionar por la instalación de una mesa de trabajo comprometida desde abril.

Entre los casos más destacados se encuentra el del capitán Alfredo Saba Peña arrestado el 19 de diciembre de 2020 en el estado Táchira. Rosalía Díaz Mata, madre del capitán, denunció que su hijo fue torturado y que la jueza a cargo del caso desestimó las evidencias de violencia física. «La jueza le dijo que estaba muy torturado, no podía hablar ni nada y le dijo que eso era normal», afirmó Díaz Mata.

Denuncias de torturas y condenas injustas

El capitán Saba Peña fue condenado a 16 años y 9 meses de prisión por magnicidio una figura penal inexistente en las actas elaboradas por la Dgcim. Según Díaz Mata, las acusaciones contra su hijo fueron fabricadas: «Puso que mi hijo quería crear una conmoción en Caracas para matar al presidente, pero ellos levantaron ese juicio allí y eso no aparece en el expediente, pues».

Durante los primeros cuatro meses de reclusión en Boleíta Norte los funcionarios coaccionaron al capitán para grabar un video incriminatorio bajo la amenaza de encarcelar a su madre. «Le hicieron hacer un video donde le dijeron que me tenían secuestrada con una patrulla afuera y que si no decía lo que ellos decían, me iban a involucrar», relató Díaz Mata.

Actualmente recluido en la cárcel de Ramo Verde el estado de salud del capitán requiere atención quirúrgica urgente por una eventración y lesiones en el ojo izquierdo. «Es imposible que se haga una operación estando preso porque eso es un riesgo», manifestó su madre.

Cifras cuestionadas y denuncias procesales

Maxiel Cordones, vocera del Clippve explicó que ya han transcurrido cinco meses desde que volvieron a realizar la ruta de protestas debido a la falta de respuestas. «Nos estamos yendo por los canales regulares y con manifestaciones pacíficas como lo establece la Constitución», afirmó.

Respecto a las más de 800 excarcelaciones anunciadas por el Ejecutivo nacional, Cordones desmintió que la cifra corresponda exclusivamente a disidentes y alertó que más de 400 personas continúan privadas de libertad por decisiones arbitrarias. «No es posible que funcionarios de la Dgcim que hicieron un procedimiento se coloquen con el segundo nombre y el segundo apellido; para las leyes eso es un delito», recriminó.

Los manifestantes exigieron constatar la realidad penitenciaria de primera mano y solicitaron investigaciones sobre casos de desaparición forzada como los de Víctor Quero y Hugo Marino. «Que no se quede con los números que le da la presidenta encargada, que le pregunte, que busque una comisión porque aquí el comité habla por todas las cárceles y por cada uno de ellos», enfatizó Cordones.

Condiciones inhumanas en El Rodeo 1

El empresario zuliano José Enrique Rincón de 62 años y paciente bariátrico con afecciones cardíacas, inició una huelga de hambre tras ser confinado en una celda de aislamiento de dos por dos metros sin acceso a sus tratamientos. «El abogado que le tocaba visita el lunes me da esa noticia, que está en huelga de hambre, que lo vio muy mal y no pudo razonar con él para que la dejara porque no puede dejar de comer», advirtió su hermana, Mariana Rincón.

La detención del comerciante, cuya empresa camaronera generaba 12.000 puestos de trabajo antes de ser expropiada hace dos años, se ejecutó el pasado mes de junio cuando acudió voluntariamente al aeropuerto La Chinita siendo trasladado inicialmente al inmueble confiscado a su familia. «Se lo llevan al Goes que era su casa, que se la quitaron y la convirtieron ahora en la sede; ahí estuvo dos días y después lo trasladaron aquí», relató su hermana.

A los cargos habituales de terrorismo y asociación para delinquir, los tribunales añadieron en la acusación contra el empresario una falta de carácter burocrático aplicable de forma exclusiva a la función pública. «Tiene un cargo que es retraso de diligencias, que es un cargo que solamente le ponen a los funcionarios públicos y eso no tiene ni pie ni cabeza», cuestionó Rincón.

Retardos procesales y expedientes engavetados

El teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga exjefe del Centro General de Comunicaciones del Ceofanb suma 240 días en detención preventiva sin que se haya celebrado la audiencia preliminar por los hechos del 3 de enero de este año. «El expediente está engavetado porque es un caso clasificado que maneja directamente el juez», denunció su esposa, Yuri Burgos ante los medios de comunicación.

La imputación por conspiración y traición a la patria penaliza la solicitud de datos técnicos que formaban parte de las atribuciones operativas del oficial en la institución militar. «Dicen que él pidió unas coordenadas, es comunicador, trabajaba allí y, sin embargo, continúa detenido», recriminó Burgos.

La inactividad de la Fiscalía mantiene privados de libertad a otros siete efectivos de seguridad que no participaron en despliegue alguno durante la fecha investigada. «Están dos militares del ejército y seis del Cicpc, personas que no actuaron en ese momento porque, si bien sabemos, nadie de la Fuerza Armada salió el tres de enero», concluyó Yuri Burgos.

La protesta finalizó pasada la 1 de la tarde, después que una comisión de familiares fue recibida por funcionarios de la Fiscalía.