El lunes 19 de octubre los residentes de Alberta, la provincia más rica de Canadá, acudirán a las urnas para decidir si avanzar hacia un referéndum vinculante que abra la vía a la independencia. La consulta no es una elección binaria de «quedarse o irse», pero sí marca un punto de inflexión en la historia política del país.
El debate se ha polarizado entre quienes afirman que la provincia podría prosperar como estado soberano y quienes advierten sobre los enormes gastos y la incertidumbre que una ruptura provocaría. A continuación, se recogen los argumentos más relevantes de ambas partes, respaldados por cifras oficiales.
Los partidarios de la secesión: la visión de Keith Wilson
Keith Wilson, activista a favor de la independencia, sostiene que la economía de Alberta es única. Con extensas reservas de petróleo y gas, una agricultura robusta y una fuerza laboral joven y calificada, la provincia cuenta con los recursos para prosperar sin la redistribución federal. Wilson recuerda que Alberta aporta al erario federal más de 322.000 millones de dólares canadienses desde 2007, lo que equivale a un promedio de 17.000 millones anuales, una cifra que, según él, justifica la demanda de mayor autonomía.
Los defensores del separatismo argumentan que, al quedar fuera del reparto de ingresos, la provincia ahorraría decenas de miles de millones de dólares. El proyecto «Prosperidad de Alberta» calcula que el cese de los pagos federales permitiría un ahorro de hasta 47.000 millones de dólares canadienses al año, incluso después de contabilizar los nuevos gastos de defensa y diplomacia, estimados en 31.600 millones.
En su cálculo, el mismo proyecto estima que los costos esenciales de salud y educación rondarían los 75.000 millones, por lo que el superávit potencial oscilaría entre 24.000 y 46.000 millones anuales. Con ese margen, los separatistas proponen rebajas de impuestos que podrían superar los 10.000 dólares canadienses por hogar.
Los riesgos y costos de la ruptura: postura del gobierno provincial
La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, rechaza la independencia y advierte que el proceso costaría al menos US$283.000 millones solo en transición. Un informe encargado por su gobierno y publicado a principios de octubre sitúa los gastos de separación entre 50.000 y 170.000 millones de dólares canadienses (US$35.000-120.000 millones) durante los primeros cinco años.
Además de los desembolsos directos, la provincia tendría que crear instituciones desde cero: agencias tributarias, fuerzas de seguridad, un sistema judicial propio y una constitución nacional. También tendría que negociar la participación en activos federales, como parques nacionales y bases militares, y asumir una parte de la deuda total de Canadá.
Lennie Kaplan, exfuncionario de finanzas de Alberta, subraya que la carga de la deuda nacional podría traducirse en una obligación adicional de entre 258.000 y 333.000 millones de dólares canadienses (US$181.000-234.000 millones). Según sus cálculos, el impacto sobre el PIB provincial y los ingresos disponibles reduciría el poder adquisitivo de los albertanos en torno al 5,8 %.
Kaplan cuestiona la lógica de crear “incertidumbre que podría afectar y perjudicar la situación fiscal de la provincia”. En su opinión, la solución pasa por buscar acuerdos dentro del marco canadiense, no por una separación que podría desencadenar una zona de inestabilidad económica.
El contexto político y social detrás del voto
El movimiento separatista ha cobrado fuerza tras una década de tensiones con Ottawa, que incluyen la oposición a oleoductos, medidas ambientales restrictivas y la percepción de ser una región “olvidada”. Las encuestas indican que entre el 20 % y el 25 % de los votantes se inclinan por un referéndum vinculante, con mayor apoyo entre jóvenes, habitantes rurales y conservadores.
Desde la fundación CanadaWest, un centro de estudios sin fines de lucro en la provincia, se ha elaborado un informe que, además de los números de deuda, advierte sobre la posible pérdida de inversiones internacionales y el descenso de la actividad comercial, efectos que podrían asemejarse a los observados tras el Brexit.
Las cifras de ahorro y riqueza contrastan con los costos de transición, la deuda pendiente y la incertidumbre económica que, según los expertos, acompañaría a cualquier ruptura.
