El presidente de la República, Abelardo de la Espriella realizó un enérgico discurso el 18 de octubre de 2026 dentro de la base naval de San Andrés. En esa intervención señaló que la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz estaban bajo sospecha de irregularidades que afectaban tanto al Hospital Departamental como a la entidad ambiental Coralina. El enfrentamiento, grabado y difundido en plataformas digitales, ha encendido la polémica a nivel nacional y ha puesto en el centro de la discusión la gestión pública de la isla.

Contexto electoral y gestión de la gobernadora

Ordóñez Bowie, nacida en la comunidad raizal, accedió al gabinete de máxima autoridad tras la destitución de Nicolás Gallardo y la convocatoria de elecciones extraordinarias en julio de 2026. Con el respaldo de una coalición entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico, obtuvo el 64,04 % del voto, equivalentes a 10.874 sufragios. Su trayectoria combina una maestría en Gobierno y Gestión Pública con experiencia en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y una etapa como presentadora en el canal regional Teleislas, lo que le otorgó una alta visibilidad entre la población isleña.

Por su parte, la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz lleva una carrera de tres periodos consecutivos en el Congreso, con una sólida formación en comunicación social, gestión pública y medio ambiente. Antes de su paso a la legislatura, desempeñó cargos de prensa en la Gobernación, dirigió la Red de Solidaridad Social y lideró la oficina regional del SENA durante catorce años. Su perfil la ha posicionado como una de las voces más influyentes de la comunidad raizal en la arena política nacional.

El enfrentamiento en la base naval

Tras el saludo protocolario con altos mandos de la Armada, el presidente De la Espriella dirigió una serie de acusaciones directas a ambos mandatarios. Señaló que la intervención decretada por la Superintendencia de Salud al Hospital Departamental había sido obstaculizada por “bloqueos” promovidos por sectores políticos locales, lo que habría agravado la escasez de insumos y el retraso de salarios. Además, el mandatario denunció una supuesta red de contratación pública que involucraría al esposo de la gobernadora y a la gestión de la entidad Coralina insinuando desviación de recursos destinados a salud y medio ambiente.

Con un tono firme, el presidente declaró: «Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse… quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir«. Tras proferir estas palabras, dio la espalda a la audiencia, dejando clara la orden de que las comisiones de inspección y los entes de control penal y fiscal realizarán evaluaciones exhaustivas en el archipiélago.

Repercusiones y respuestas oficiales

El silencio institucional ha sido la única respuesta visible de la Gobernación de San Andrés. Durante el tenso intercambio, la gobernadora se mantuvo en silencio, sin ofrecer réplicas a las acusaciones. Horas después, la oficina de la mandataria no emitió comunicado oficial, rueda de prensa ni publicación en sus canales institucionales, alimentando la incertidumbre entre la población isleña y los observadores externos.

Ante esta situación, se espera que los organismos de control, como la Fiscalía y la Contraloría, avancen en sus investigaciones. Mientras tanto, la ciudadanía de San Andrés observa con expectación la evolución del conflicto, que ha puesto en jaque la promesa de una gestión juvenil y renovadora que representaba la gobernadora Ordóñez Bowie. El país entero sigue atento a si el silencio se romperá y a qué conclusiones llegaran las autoridades judiciales y de control.