En un movimiento estratégico, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner han presentado nuevas pruebas en la causa Vialidad, con el objetivo de revisar la condena que la inhabilita para ejercer cargos públicos. El equipo legal, liderado por Carlos Alberto Beraldi, junto con los abogados brasileño Rafael Valim y español Javier Borrego, ha desvelado un informe técnico que, según ellos, demuestra que la expresidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez y el Grupo Austral.

El informe, elaborado por Specs Consultoría, revela que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, establecido por el decreto 54/2009 firmado por Cristina Kirchner. Los desembolsos superan los 18.6 millones de dólares una cifra que, según la defensa, ha sido malinterpretada en la sentencia.

Durante una conferencia de prensa, el abogado Carlos Alberto Beraldi explicó que el Tribunal Oral Federal centró la condena en los fondos del fideicomiso de transportes o SISVIAL, establecidos por el decreto 54/2009. Según Beraldi, el tribunal argumentó que este decreto fue emitido de manera irregular con el propósito de proveer fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez.

Sin embargo, el informe técnico presentado por la defensa revela que el principal destinatario de esos fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., una empresa vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. «A Lázaro Báez se le asignó menos del 1%; es sorprendente para nosotros», afirmó Beraldi, destacando que el decreto era una norma general sin carácter delictivo.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner han anunciado que presentarán estas nuevas pruebas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Cámara Federal de Casación Penal. El recurso de revisión, que será tramitado ante el máximo tribunal penal federal, es la «prioridad» del equipo legal, según reconocieron.

Carlos Beraldi aseguró que «con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia. Estamos en condiciones de que un tribunal avance en el análisis de lo que planteamos e incluso pueda suspender los efectos de la condena». El objetivo final es que la condena sea anulada, permitiendo que Cristina Fernández de Kirchner recupere su libertad y reanude su actividad política.

Además, los letrados adelantaron que cuentan con más «pruebas nuevas» sobre las que aún están trabajando, aunque no develaron detalles por el momento. Este informe técnico se basa en datos nacionales, pero el juicio se centró en la corrupción de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Lázaro Báez se quedó con cerca del 85% de las obras.

Tras el anuncio, un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa Vialidad señaló que esta cuestión ya había sido «tratada y rechazada varias veces». El informe se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió exclusivamente la corrupción en Santa Cruz.

La defensa inició su investigación a partir de la declaración testimonial de un funcionario de Vialidad propuesto por la fiscalía en el juicio de los cuadernos de las coimas. El testigo brindó una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa, precisando cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2018.

«Encontramos que, cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le habían dado a la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2015, por lo que se la había condenado a Cristina, la inversión era enorme, más de 2.000 millones de dólares. Y a Lázaro Báez se le asignó menos del 1%», explicó Beraldi. Según el defensor, en su momento habían propuesto hacer una pericia contable para demostrar cómo se habían usado los fondos y determinar si hubo beneficiados, pero el ofrecimiento fue rechazado en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia.