El viernes 18 de octubre la magistrada Mariana Vieyra Valdés abandonó su puesto como jueza del Distrito Federal en materia penal, apenas un día después de haber emitido la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. La decisión, anunciada durante una conferencia de prensa en la capital del estado, sorprendió a la defensa, que aún no cuenta con explicaciones oficiales sobre los motivos de la dimisión.

Según el abogado defensor Héctor Villasana Ramírez, la renuncia se produjo sin previo aviso y sin que se le comunicara a la defensa los fundamentos que la motivaron. En la audiencia celebrada en el penal del Altiplano, el tribunal informó a los representantes de Jáuregui que otro magistrado asumiría el caso, pero no se detalló la razón del cambio. La jueza saliente había sido la autoridad que, el 17 de octubre, autorizó la captura del exfuncionario bajo el cargo de traición a la patria.

La acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la imputación contra el exfiscal bajo el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que persigue a quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con fines de someter al país a una autoridad extranjera. La denuncia se sustenta en supuestas reuniones del fiscal con cuatro ciudadanos estadounidenses, identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de Chihuahua.

Durante el operativo que tuvo lugar entre el 16 y el 19 de abril de 2026 en el ejido «El Pinal», Morelos, Chihuahua, los agentes extranjeros habrían intervenido con armamento y equipo tecnológico, desmantelando un mega-narcolaboratorio de drogas sintéticas. La Fiscalía sostiene que la presencia no autorizada de personal de inteligencia extranjera constituye la raíz del delito, más que el simple desmantelamiento del laboratorio.

Detalles del operativo y la evidencia forense

El expediente judicial incluye reportes de que, la madrugada del 19 de abril, una unidad oficial Ford F150 de la Fiscalía de Chihuahua se salió de la carretera cerca de Polanco y se incendió. De los restos se recuperaron los cuerpos del Director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes su escolta y los cuatro ciudadanos estadounidenses, entre ellos Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Los pasaportes demostraron que ingresaron al país sin acreditación para actividades operativas.

Más de veinte entrevistas con policías ministeriales confirmaron que los civiles extranjeros viajaron encapuchados, portando uniformes tácticos y dispositivos como tabletas y drones, comunicándose exclusivamente en inglés con el director Oseguera. Los peritajes informáticos y de fotografía forense verificaron la presencia de los agentes estadounidenses dentro de las instalaciones institucionales, así como su participación directa en el desmantelamiento.

Ante la magnitud de la prueba, la jueza que tomó el caso, ahora reemplazada por el magistrado Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó la necesidad de cautela, aduciendo riesgo de sustracción de la justicia y la posibilidad de fuga, dado el rango del imputado y la pena prevista de 5 a 40 años de prisión.

Con la sustitución judicial, la defensa ha manifestado confianza en la capacidad del nuevo juez, aunque reconoce que sus decisiones podrían no alinearse con la estrategia defensiva. La audiencia de vinculación a proceso, programada para el jueves, será transmitida de forma remota, pues Jáuregui permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “Altiplano”.

El caso sigue generando controversia, no solo por la acusación de traición a la patria sino también por la renuncia inesperada de la magistrada que lo había iniciado. Analistas legales señalan que la salida de Vieyra Valdés podría reflejar presiones internas o desacuerdos sobre la conducción del proceso, aunque la Fiscalía no ha emitido pronunciamientos al respecto.