En los dos primeros meses del actual gobierno nacional, los grupos disidentes de las FARC intensificaron el uso de drones cargados con explosivos en el departamento del Huila. Localidades como Palermo, Aipe, Neiva, Teruel y La Plata se han convertido en escenarios de ataques que han generado temor y daños materiales, posicionando a la región como una de las más vulnerables a la violencia aérea en Colombia.
Escalada de los ataques con drones
Según los informes de la Gobernación del Huila en los últimos meses se contabilizan cerca de diez incidentes registrados. El 7 de agosto de 2026, coincidió con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella cuando un dron cargado de explosivos impactó la estación de Policía y la alcaldía de Teruel dejando heridos a dos uniformados y dos civiles. Otra acción, a principios de octubre, costó la vida al soldado Samuel Pinzón Barliza Ipuana en el corregimiento de Aipecito en las cercanías de Neiva. Los responsables son atribuidos a las estructuras “Ismael Ruiz” y “Hernando González Acosta”, pertenecientes al bloque central “Isaías Pardo” bajo el liderazgo de Iván Mordisco. En total, al menos cinco miembros de la fuerza pública resultaron heridos por esquirlas.
Impacto directo en la población civil
Los impactos no se limitan a infraestructuras estatales; los explosivos han alcanzado viviendas y equipos educativos. En Teruel, el colegio Misael Pastrana Borrero situado junto a la comisaría, fue reubicado para «salvaguardar la vida de los estudiantes«, según declaraciones de la autoridad local. El alcalde de PalermoKleiver Oviedo informó que un dron explotó cerca de una casa, aunque la familia no se encontraba en el momento. Vecinos comentan que «los drones nos tienen atemorizados«, ya que caen incluso en los patios de las residencias, poniendo en riesgo a mujeres, niños y adultos.
Respuesta del gobierno departamental y exigencias de protección
Frente al escenario, el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera solicitó al Gobierno nacional acelerar la entrega de sistemas antidrones y la instalación de enmallado perimetral en once estaciones de Policía, compromisos pactados en el Consejo de Seguridad del 9 de octubre en Neiva con la participación de los ministros del Interior Rodrigo Lara y de Defensa Jorge Eduardo Mora. Además, el gobernador pidió adelantar el envío de la FUDRA un componente militar retirado a principios del año que, según autoridades locales, dejó a los municipios vulnerables a extorsiones y ataques armados.
Villalba subrayó que «nuestros policías y soldados necesitan herramientas modernas para enfrentar esta amenaza» y reiteró que la población civil no debe ser objetivo de los grupos armados. El gobernador advirtió que la inseguridad no sólo genera miedo, sino que también afecta el turismo, el comercio y la inversión, limitando el desarrollo económico del Huila.
