El 15 de mayo de 2026 la rectora Dena María Camarena Gómez dirigió un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad de Sonora tras el anuncio de paro realizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus). En su intervención, la autoridad universitaria explicó las líneas principales de la oferta económica que la institución presentó conforme a la política salarial establecida por la Secretaría de Educación Pública para 2026, y pidió un esfuerzo colectivo para resguardar la operación y el futuro académico.
Propuesta económica: qué incluye y alcance
La Universidad de Sonora expuso un paquete que, según la rectoría, se ajusta a las cauces financieros disponibles y a la normativa federal y estatal. Entre los puntos centrales figuran un incremento salarial directo del 4%, una partida adicional del 1% destinada a docentes de asignatura en niveles A y B con respaldo del Gobierno del Estado, así como mejoras en prestaciones relacionadas con salud, guarderías, apoyos educativos y fondos médicos. La administración destacó que el costo anual de estas mejoras supera los 12 millones de pesos, cifra que ilustra la dimensión del esfuerzo presupuestal requerido.
Contexto del conflicto y postura institucional
La rectoría reconoció que las demandas del magisterio tienen fundamento, particularmente ante la pérdida de poder adquisitivo que atraviesa el sector educativo: la administración admitió que la inflación ha superado los aumentos concedidos en años recientes. Al mismo tiempo, la Rectoría hizo un llamado a la responsabilidad colectiva al recordar que los recursos públicos son limitados y que las decisiones deben preservar la continuidad de los servicios a los estudiantes. El pronunciamiento buscó equilibrar el reconocimiento de las demandas con la necesidad de proteger la operación de la universidad.
Detalles sobre el estallido de la huelga
El mensaje de la rectora llegó después de que el Staus colocara banderas rojinegras y cerrara las puertas de la casa de estudios; el paro se produjo un día antes y, de acuerdo con la información sindical, la votación contó con más del 85% de apoyo a la opción de huelga. La administración subrayó el impacto que una paralización tendría sobre miles de estudiantes y familias que dependen de la universidad como vía de movilidad social y formación profesional, por lo que insistió en privilegiar el diálogo como vía para evitar afectaciones prolongadas.
Implicaciones financieras y gestiones fiscales
Además de las medidas salariales y de prestaciones, la rectoría señaló que mantiene gestiones para afrontar obligaciones fiscales que complican la liquidez institucional. En particular, la universidad busca, con la colaboración del Gobierno del Estado, negociar un convenio de pagos parciales con el SAT para cubrir créditos fiscales que pesan sobre la institución. Estas negociaciones fueron presentadas como un esfuerzo histórico de la administración para ordenar las finanzas y crear espacio para atender compromisos laborales sin poner en riesgo la operación.
¿Qué significa en la práctica?
Si prosperan los acuerdos fiscales, la institución obtendría flexibilidad para destinar recursos a su nómina y prestaciones. La rectoría explicó que cada paquete presentado al sindicato incluyó un análisis de viabilidad financiera para evitar medidas que pongan en peligro la prestación de servicios esenciales. El objetivo declarado es garantizar la estabilidad institucional mientras se buscan soluciones sostenibles que honren las demandas del personal académico.
Pasos a seguir y llamado al diálogo
La rectora reiteró la disponibilidad de la administración para mantener abiertos los canales de comunicación y confió en la madurez de la comunidad académica para alcanzar acuerdos. Insistió en que la prioridad debe ser salvaguardar la educación de quienes cursan estudios en la universidad y proteger a las familias afectadas por una eventual interrupción. Al mismo tiempo, pidió a todas las partes considerar el impacto de las decisiones sobre la viabilidad a largo plazo de la institución.
En resumen, la postura oficial combina el reconocimiento de las razones del movimiento sindical con una oferta económica definida y mecanismos fiscales en negociación. El llamado final fue a la reflexión y al consenso: ante la amenaza de paralización, la Rectoría de la Universidad de Sonora apostó por el diálogo como la vía más viable para resolver el conflicto sin comprometer la continuidad académica.
