La controvertida licitación del Tecon Santos 10 volvió a situarse bajo la lupa del poder fiscalizador. En un acórdão del TCU, el tribunal dejó claro que las autoridades responsables no pueden alterar elementos esenciales de la modelación una vez que el tema ya fue deliberado por la corte y antes de que se publique el edital. Esa postura impacta directamente la estrategia adoptada por la Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) y por la Casa Civil en torno a las reglas de competencia para el megaterminal.
La decisión llega en un contexto de presiones políticas y de mercado: armadores internacionales y gobiernos externos han pedido la máxima apertura del certamen, mientras grupos locales y regulatorios defienden mecanismos que promuevan entrada de nuevos operadores. A raíz de estas tensiones, el tribunal condicionó cualquier cambio estructural a una nueva revisión por su parte, manteniendo la puerta abierta a que la licitación se revise nuevamente antes de seguir adelante.
Qué estableció el TCU y por qué importa
El relator del proceso señaló que el Ministerio de Portos y Aeroportos y la Antaq deben abstenerse de introducir modificaciones en la modelación después de una deliberação del tribunal y antes del edital. En la práctica, eso significa que recomendaciones de la Casa Civil —como la de eliminar restricciones para que cualquier empresa pueda competir sin control adicional— no surten efecto hasta que el TCU no vuelva a pronunciarse. El voto mayoritario, referenciado por ministros de la corte, dejó claro que sólo se admiten dos caminos válidos: la propuesta original de la Antaq o la alternativa trazada por el propio tribunal; cualquier otra opción debe regresar al tribunal para nueva evaluación.
La polémica sobre las fases del proceso
La Antaq había sugerido un formato en dos etapas: en la primera fase, se impediría la participación de armadores que ya operan terminales en Santos, buscando estimular la llegada de nuevos operadores. Esa regla afectaría a empresas como Maersk y MSC, socias en el complejo BTP. Sin embargo, el TCU, en una postura más restrictiva impulsada por el ministro que votó en sentido favorable, mantuvo las dos rondas pero amplió la prohibición inicial: en la primera etapa no podrían competir armadores en ningún caso, independientemente de su presencia previa en Santos. Este ajuste recalca la intención del tribunal de priorizar la competencia entre nuevos operadores en la fase inicial.
Implicaciones jurídicas y administrativas
El acórdão del relator también reafirma que modificaciones sobre elementos estructurantes deben ser sometidas previa y formalmente al TCU. En la práctica administrativa, eso añade una capa de control que puede demorar la publicación del edital y obliga a la Casa Civil y a la Antaq a coordinar cualquier cambio con la corte, evitando decisiones unilaterales que alteren las condiciones definidas por el tribunal.
Reacciones del mercado y el llamado de entidades
En paralelo al pronunciamiento judicial, un conjunto de asociaciones del sector logístico, comercial y agroindustrial lanzó un manifiesto en defensa de que la licitación del Tecon Santos 10 se realice aún en 2026 y con amplia concurrencia. Firmantes como la Asociación Brasileña de Armadores de Cabotagem (ABAC), la Asociación de Terminales Portuarios Privados (ATP), la Cámara de Comercio Brasil-Asia (CBA) y otras organizaciones pidieron preservar el modelo propuesto por la Antaq y acelerar el proceso, citando la opinión técnica del Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) que calificó el proyecto como estratégico.
Datos de proyecto y argumentos económicos
Las entidades recuerdan que el Puerto de Santos concentra cerca del 29% del comercio exterior brasileño y que el Tecon Santos 10 tendría capacidad para mover 3,5 millones de contenedores por año, con inversión estimada en R$ 5,6 millones y potencial de generar más de 3.000 empleos directos, además de ampliar en aproximadamente 50% la capacidad del complejo. Para ellas, las restricciones sólo deben aplicarse en casos excepcionales, con fundamentación técnica y proporcionalidad.
Riesgos de nuevos retrasos
La posibilidad de que la Casa Civil proponga permitir a armadores competir desde la primera etapa siempre que concreten un desinversión genera resistencia en la diretoria colegiada de la Antaq, que considera que cualquier cambio podría provocar una nueva revisión del TCU y, por ende, aplazar nuevamente el certamen. Esa incertidumbre alimenta el pesimismo del sector sobre la concreción del proyecto durante 2026 y aumenta la cautela entre inversores y potenciales adjudicatarios.
En suma, la decisión del TCU añade trámites y condicionantes que deben ser sorteados por la administración federal. Mientras tanto, la discusión sobre competitividad, control regulatorio y preferencias a actores con presencia previa continúa siendo el eje de un debate que definirá si el Tecon Santos 10 se concretará con rapidez o quedará atado a nuevas etapas de revisión.
