El 20 de mayo de 2026 el gobierno de Bolivia dio un paso contundente en sus relaciones con Colombia al declarar persona non grata a la embajadora colombiana Elizabeth García y ordenar su salida del país. La decisión, anunciada por la Cancillería boliviana, se atribuyó a lo que las autoridades denominaron una persistente injerencia en asuntos internos, especialmente tras las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro sobre la crisis que atraviesa Bolivia. En la nota oficial se invocó el cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 como marco jurídico para aplicar la medida.
Hechos y respuestas inmediatas
Tras el anuncio de La Paz, el gobierno colombiano adoptó una acción por reciprocidad: cesó las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel. Bogotá sostuvo que no hubo intención de inmiscuirse en la política boliviana y reafirmó su apego a los principios de no intervención y respeto soberano. Al mismo tiempo, el Ejecutivo colombiano ofreció colaboración para buscar soluciones pacíficas a la crisis interna de Bolivia y pidió evitar la escalada, recordando que la diplomacia debe privilegiar el diálogo entre Estados.
Motivos oficiales de La Paz
En el comunicado oficial, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira sostuvo que las opiniones públicas de Petro —en especial las calificadas como «insurrección popular»— representaron una intromisión que podría aumentar la polarización nacional. La Cancillería boliviana argumentó que cualquier valoración externa sobre asuntos internos debe realizarse con responsabilidad y prudencia diplomática, y que la decisión de declarar a la embajadora persona non grata se ajusta a sus atribuciones soberanas y al derecho internacional. No obstante, se subrayó que la medida no equivalía a romper relaciones, y que los canales de diálogo y cooperación bilateral quedarían abiertos.
Invocación de normas internacionales
La referencia explícita a la Convención de Viena fue central en el texto oficial. Bolivia justificó la expulsión como una herramienta legítima dentro de la práctica diplomática cuando existe, según su criterio, una injerencia que afecta la estabilidad institucional. Al mismo tiempo, las autoridades bolivianas señalaron que aspiran a resolver las diferencias mediante mecanismos constitucionales y al interior del país, evitando así que factores externos influyan en la agenda política y social.
Argumentos desde Bogotá y el contexto político
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió sus mensajes en redes sociales y reiteró su llamado a que no existan presos políticos en la región, en referencia implícita al caso del expresidente Evo Morales, quien enfrenta una orden de captura en el marco de una investigación por presuntos delitos de trata de menores y se encuentra prófugo tras ser declarado en rebeldía por el Tribunal de Tarija. Petro ofreció cooperación para una salida pacífica de la crisis y remarcó la necesidad de fortalecer la democracia regional, mientras sectores bolivianos interpretaron sus palabras como un respaldo a las fuerzas que protestan contra el gobierno de Paz.
Reciprocidad y declaraciones públicas
La reacción colombiana enfatizó la ausencia de pruebas de intervención directa por parte del Estado y proclamó su compromiso con la autodeterminación de los pueblos. No obstante, al aplicar la reciprocidad diplomática y retirar funciones al representante boliviano en Bogotá, el gobierno colombiano buscó equilibrar la respuesta estatal. El intercambio de medidas dejó en evidencia la fragilidad del entendimiento entre ambos países y la facilidad con que una controversia retórica puede derivar en consecuencias concretas para la diplomacia bilateral.
Escenario interno en Bolivia y riesgos regionales
La expulsión ocurre en un momento de fuerte tensión interna en Bolivia: desde abril se registran protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones impulsadas por sindicatos, la central obrera y agrupaciones campesinas, con epicentros en La Paz y El Alto. Reclamando desde salarios hasta la renuncia del presidente, las manifestaciones también han llevado al gobierno a desplegar fuerzas para desbloquear vías y, paralelamente, a abrir mesas de negociación con dirigentes indígenas. Este contexto complejo aumenta el riesgo de desbordes y explica en parte la sensibilidad oficial ante comentarios externos percibidos como un estímulo a la polarización.
Implicaciones para la región
Más allá del intercambio bilateral, analistas advierten que la Crisis diplomática puede repercutir en la cooperación regional y en la coordinación para asuntos migratorios, económicos y de seguridad. La situación subraya la necesidad de canales diplomáticos resilientes y de evitar que declaraciones públicas transformen controversias internas en crisis entre Estados. Por ahora, ambos países mantienen comunicación limitada, pero la tensión obliga a una gestión cuidadosa para evitar que la disputa escale y perjudique intereses compartidos en la región.
