El Gobierno de Bolivia anunció el 20/05/2026 que declaró persona non grata a Elizabeth García, embajadora de Colombia en La Paz, y le pidió concluir sus funciones en el país. La medida fue justificada por la Cancillería boliviana como una defensa de los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados; además, se indicó que el retiro se efectuará conforme a las normas internacionales correspondientes. Para las autoridades de La Paz, las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis interna boliviana constituyeron una intromisión inaceptable.
El canciller Fernando Aramayo confirmó la decisión en medios locales y explicó que, aunque la expulsión representa una fuerte protesta diplomática, no supone una ruptura automática de las relaciones formales entre ambos gobiernos. En su comunicado, la Cancillería subrayó que toda valoración externa sobre la situación interna debe expresarse con prudencia diplomática y con respeto a los mecanismos constitucionales que, según La Paz, deben dirimir las tensiones políticas y sociales dentro de Bolivia.
Motivos oficiales y alcance de la decisión
La versión oficial atribuye la expulsión a los constantes pronunciamientos desde Bogotá que, a juicio de La Paz, respaldan movimientos que buscan desestabilizar la institucionalidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano afirmó que la salida de la embajadora responde a la necesidad de preservar principios básicos de la convivencia internacional, como la soberanía y la no injerencia. En el comunicado se precisó además que la decisión se toma respetando los plazos que rigen la práctica diplomática internacional, por lo que se dará tiempo para la conclusión ordenada de sus funciones.
Antecedentes y mensajes previos
Antes del 20/05/2026, el Ejecutivo boliviano ya había rechazado públicamente los comentarios del mandatario colombiano; el 17 de mayo la Cancillería emitió un pronunciamiento en ese sentido. En los días previos, el presidente Petro publicó varios mensajes en su cuenta de X en los que calificó las movilizaciones en Bolivia como una insurrección popular y expresó su disposición a mediar si era invitado. Esos tuits y declaraciones, según La Paz, fueron interpretados como un endoso a sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que precipitó la medida diplomática.
Reacción en Bogotá y eco regional
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro respondió criticando la expulsión y advirtiendo sobre un avance hacia los extremismos que, dijo, podrían agravar la situación del pueblo boliviano. Petro insistió en que su intención fue ofrecer diálogo y buscar salidas pacíficas a la crisis, y formuló comentarios sobre la inexistencia de presos políticos en América como principio ético. La controversia trascendió a la arena regional: organismos y gobiernos expresaron preocupación por las protestas y la posibilidad de una escalada diplomática.
Impacto en foros multilaterales
La situación interna boliviana ya había atraído la atención internacional: el asunto fue llevado al Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos y varios países, junto con Estados Unidos, manifestaron inquietud por los estallidos sociales. Además, figuras políticas de la región —incluyendo más de 30 expresidentes— hicieron llamados a la calma. Ese contexto contribuye a que la expulsión, aunque técnica y limitada en alcance, tenga resonancia regional y pueda influir en futuras gestiones de mediación o diálogo.
Contexto de las protestas y riesgos internos
Las movilizaciones que motivaron la intervención diplomática tienen origen en demandas laborales, críticas a reformas agrícolas y quejas por el combustible y la economía. Desde principios de mayo se registraron bloqueos de caminos, marchas convocadas por sectores indígenas del altiplano y confrontaciones en La Paz que incluyeron daños a bienes públicos, enfrentamientos con la fuerza pública y denuncias de saqueos. La confluencia de diferentes marchas y la participación de seguidores del expresidente Evo Morales complicaron la escena, mientras la escasez de dólares y fallas en la producción energética agregaron presión sobre la población.
Escenarios posibles
La expulsión de la embajadora eleva la tensión bilateral y abre varias posibilidades: desde una desescalada mediante canales diplomáticos hasta un endurecimiento de posturas públicas que podría afectar la cooperación en temas fronterizos y comerciales. Por ahora, La Paz sostiene que no busca romper nexos ni desconocer los lazos históricos con Colombia, aunque reclama que los pronunciamientos externos se ajusten a la responsabilidad diplomática que exige la convivencia entre Estados soberanos.
En resumen, la decisión adoptada el 20/05/2026 marca un punto de inflexión en las relaciones entre Bolivia y Colombia: simboliza una firme advertencia de La Paz frente a lo que considera injerencia, mientras que Bogotá mantiene su discurso de apoyo ciudadano y disposición al diálogo. El desenlace dependerá de si ambos gobiernos optan por canales discretos de comunicación para bajar la tensión o si endurecen sus respuestas públicas, con efectos que se siguen observando en la escena regional.
