En medio de un escenario de precios internacionales elevados y protestas en varias regiones del país, el gobierno de Keiko Fujimori ha decidido implementar un subsidio temporal y focalizado a los combustibles. Esta medida, que busca amortiguar el impacto del alza de precios en el sector transporte, ha generado tanto expectativas como interrogantes sobre su efectividad y sostenibilidad.

El subsidio se otorgará a través del Decreto de Urgencia 007-2026 y estará vigente desde el 16 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2026. A diferencia de subsidios anteriores, esta medida está diseñada para ser temporal y dirigida específicamente a los transportistas de carga y pasajeros, evitando así los problemas de regresividad y contrabando que caracterizaron a subsidios pasados.

Detalles de la medida y su alcance

El subsidio se implementará a través de dos mecanismos: el META-Nacional y el META-Lima y Callao. El primero está dirigido a los transportistas de servicios públicos de transporte terrestre de personas y mercancías a nivel nacional, regional y provincial. El segundo, a los transportistas de la capital y el Callao.

El beneficio consistirá en un subsidio de S/ 4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido, con diferencias según el tipo de vehículo: S/ 0.50 por kilómetro para ómnibus, S/ 0.40 para minibuses y S/ 0.30 para microbuses. Este apoyo económico se entregará mediante el Banco de la Nación u otras entidades financieras, y estará sujeto a la validación de los comprobantes de pago correspondientes.

Críticas y desafíos de la medida

Pese a las buenas intenciones, la medida no está exenta de críticas. Álvaro Ríos experto en hidrocarburos, señala que el subsidio podría volverse insostenible si el conflicto en Medio Oriente se prolonga más allá de los tres meses previstos. Además, advierte sobre el riesgo de desabastecimiento como ocurrió en otros países de la región.

Por otro lado, Geovani Diez presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL) considera que el subsidio es insuficiente para resolver las alzas de precios en el mercado local. Diez argumenta que existen concertaciones de precios entre refinerías e importadores que impiden que las variaciones a la baja en el mercado internacional se reflejen de inmediato en el mercado peruano.

El problema de los subsidios generalizados

Históricamente, los subsidios a los combustibles en Perú han sido generalizados y permanentes beneficiando tanto a ricos como a pobres sin distinguir necesidades reales. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) el 20% más rico de la población recibía ocho veces más subsidio que el 20% más pobre. Además, estos subsidios generaban contrabando y distorsiones de precios.

El Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) creado en 2004, terminó convirtiéndose en una subvención permanente con un costo fiscal de S/ 11.000 millones entre 2004 y 2026. Su fracaso llevó al gobierno a buscar alternativas más focalizadas y temporales, como la medida actual.

Recomendaciones del FMI y alternativas

El FMI ha recomendado que, en lugar de subsidiar combustibles, los gobiernos opten por transferencias focalizadas y temporales de efectivo a las personas más necesitadas. Esta alternativa reduciría costos, distorsiones de precios y otros problemas asociados a los subsidios generalizados.

Sin embargo, el gobierno de Fujimori ha optado por los subsidios, aunque con un enfoque más focalizado. Queda por ver si esta medida logrará mitigar el impacto del alza de precios sin caer en los errores del pasado. La pregunta clave es: ¿será suficiente este subsidio para garantizar la continuidad del transporte y evitar mayores conflictos sociales?